Ciudad de Panamá, 8 abr (Prensa Latina) El Gobierno de Panamá insistió hoy en la necesidad de una mayor cooperación internacional ante la creciente migración irregular que afecta a sus comunidades y desgasta la economía y a sus autoridades.
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino ofreció detalles de la operación Flujo Controlado de Migrantes y precisó que hasta la fecha han cruzado la selva de Darién, en la frontera con Colombia, 115 mil personas rumbo a Estados Unidos y Canadá.
Esa cifra, indicó, representa 19 mil caminantes más que en igual etapa de 2023.
Asimismo, sobresalen los esfuerzos del país istmeño en brindar facilidades y ayuda humanitaria a los viajeros ilegales, muchos de ellos con importante prontuario delictivo, lo cual hace que se activen diversos operativos para proteger a los migrantes y las poblaciones receptoras, apuntó.
Pino precisó que los caminantes provienen sobre todo de Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y China y llamó a la responsabilidad compartida entre las naciones emisoras, de tránsito y destino.
Por su parte, el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea, explicó que como parte de la Operación Escudo y Chocó II pudieron identificar la vinculación del crimen organizado con este tránsito, en particular el cárter colombiano Clan del Golfo.
También Emeldo Márquez, del Ministerio Público, señaló que en comunidades receptoras como Bajo Chiquito y Canan Membrillo se crearon fiscalías subregionales para atender y dar seguimiento a denuncias por violaciones diversas.
A su turno, la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, rechazó recientes informes de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) que desvirtúan la realidad de los migrantes en la selva de Darién y la ayuda que brinda Panamá.
En los últimos cinco años, más de 900 mil personas han transitado por esa peligrosa vía terrestre y nunca antes hemos escuchado o recibido informes sobre su mala atención, agregó.
Gozaine insistió en que en esos comunicados no se menciona una sola línea acerca del trato a niños abandonados por sus familias en la jungla, o que decenas de funcionarios panameños ofrecieron su vida en rescatar a los caminantes a la deriva.
Tampoco HRW, remarcó, se refiere a los más de 70 millones dólares de gastos para el Estado panameño en estas operaciones a personas cuyo objetivo no es quedarse en el país centroamericano, sino seguir la peligrosa travesía hacia el norte.
“Nuestras pruebas biométricas no violan absolutamente ningún derecho humano, como dicen, recalcó; son necesarias como se ha explicado porque allí detectamos migrantes narcotraficantes, violadores, asesinos y con nexos con bandas como Los Lobos, de Ecuador; Tren de Aragua, Venezuela; Yakuza, asociada a los chinos; además de reclusos fugados de Haití, entre otros.
A preguntas de los medios de comunicación, la funcionaria pronosticó que a finales de este año la cifra de migrantes irregulares a su paso por Darién llegaría a las 600 o 700 mil personas, casi o más de 200 mil de las 520 mil que lo hicieron en 2023.
