Ciudad de México, 18 abr (Sputnik).- El Gobierno de México expresó este jueves su beneplácito por la aprobación por el pleno del Senado de una reforma que brinda al Presidente de la República el poder de otorgar «amnistía directa» a personas sentenciadas por cualquier crimen, incluso delitos federales como narcotráfico, trata de personas, feminicidios o secuestros.
«La reforma establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicano», dijo la titular de la cartera federal de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La funcionaria encargada de la política interior dijo en conferencia de prensa que la nueva Ley de Amnistía que aprobó la noche del miércoles la cámara alta podría, por ejemplo, ayudar a romper el «pacto de silencio» entre los funcionarios militares, civiles y sicarios del crimen organizado implicados la desaparición desde 2014 de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa.
La reforma legislativa aprobada con los votos del oficialismo y el rechazo de todas las bancadas opositoras ofrece un marco jurídico para «avanzar y romper el pacto de silencio, con el fin de poder encontrar a los jóvenes», dijo la funcionaria sin aludir a otros crímenes federales.
Reforma aprobada
La reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía fue aprobada en el Senado con 67 votos del oficialismo a favor y 32 en contra.
La oposición replicó que esa ley promovida por la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pocos meses del fin del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, le entrega una facultad que va más allá de las reglas que establece la Constitución.
«Le otorgan facultades metaconstitucionales a López Obrador, como si fuera un rey» , dijo el coordinador senatorial de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), Miguel Ángel Mancera.
Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), Damián Zepeda, destacó que sin procedimiento alguno, sin pasar ante un juez, y sin la valoración de la fiscalía, una sola persona -el presidente- podrá perdonar a quien sea: narcotraficantes, violadores, secuestradores sentenciados.
«Es una de las reformas extremas del culto a la personalidad, es el presidencialismo llevado al extremo radical. Digan lo que digan, y justifiquen lo que justifiquen, lo que están haciendo es darle el tratamiento de un rey al presidente, como monarca absoluto que no tiene contrapeso», cuestionó Zepeda en la tribuna legislativa.
En respuesta, el líder de la bancada del oficialista Morena, Ricardo Monreal, rechazó estos señalamientos y cuestionó el desempeño del Poder Judicial en casos de interés del Ejecutivo.
El senador del denominado grupo plural sin partido, Germán Martínez, sugirió que la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, busca obtener fondos a cambio de otorgar amnistías a los criminales.
«¿Le hace falta dinero a Claudia Sheinbaum o qué? ¿Ya no les alcanzó el dinero de la Secretaría del Bienestar y ahora quieren el dinero del crimen?», preguntó Martínez
El líder opositor -quien renunció a un alto cargo federal al comienzo del mandato de López Obrador-, aludió a una denuncia que hizo el excanciller Marcelo Ebrard sobre el uso de fondos públicos que habría hecho la ex jefa de Gobierno en la contienda interna del oficialismo.
Martínez terminó con una defensa de los derechos de las víctimas y de las madres buscadoras de desaparecidos, y exigió al Ejecutivo que no perdone a criminales bajo ninguna circunstancia.
La titular federal de Gobernación también celebró otra reforma que se aprobó el miércoles, la que limita la Ley de Amparo, porque el Gobierno considera que esa apelación otorga facultades a jueces y magistrados para detener obras y leyes si violan la Constitución.
Alcalde aplaudió que, con esa modificación, «no proceda la suspensión de efectos generales, como el caso de libros de texto, de las obras como el Tren Maya o el (nuevo) Aeropuerto Internacional».
Argumentó que si esa Ley de Amparo se mantuviera vigente, como estuvo en el actual sexenio que termina, «no habría obras, porque hay una campaña política que hemos denunciado, incluso de juzgadores, en contra de las obras de la transformación, que han utilizado mecanismos para frenar acciones del Gobierno».
Ambas iniciativas aprobadas con media sanción por el Senado pasan a discusión a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con la mayoría simple requerida, de la mitad más uno de los votos.
Se trata de leyes secundarias que no cambian las reglas primarias de la Constitución, cuya reforma requiere mayoría calificada de dos terceras partes de ambos plenos del Congreso, con la que el oficialismo no cuenta. (Sputnik)
