San José, 22 Abr (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública respuesta a 11 inquietudes relacionadas con el avance en la ejecución de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030”, emitida por el Gobierno de la República en noviembre anterior.
La iniciativa forma parte del seguimiento de las acciones estatales para atender la situación de inseguridad y criminalidad en el país, entre ellas las fuentes de financiamiento para ejecutarla y mecanismos que permitan evaluar efectividad.
La Defensoría explicó que es importante conocer si dicha cartera ya presentó oficialmente, al menos, las siguientes iniciativas, a saber, “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”, “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y la “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.
Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, establecido en la Política Nacional, el Ministerio debe informar si cuenta con reglamentación que precise aspectos básicos de su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, metodología de trabajo y el auxilio de alguna secretaría técnica, además se solicitó el acceso a las actas de cada sesión realizada.
En cuanto a las metas de la Política Nacional al 2030, la Defensoría consultó el motivo técnico del por qué se prevé una disminución solo de 34 delitos por cada 100.000 habitantes, pasando de 1.181,57 –año base 2019- a 1.147,04 al 2030. Aquí se está considerando, según el documento, todo lo relacionado a homicidios, robos, asaltos, robos a vehículos, tachas de autos durante un año calendario.
Además, considerando que el eje estratégico N°1 de la Política reconoce la necesidad de reforzar la prevención en sectores que están en riesgo por su situación de pobreza, la Defensoría pregunta el por qué el modelo de Gobernanza de la Política no prevé ninguna interacción formal con la institucionalidad del sector social, como el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social.
También la Defensoría solicitó las estadísticas sobre la cantidad de droga decomisada por la Policía Control de Drogas (PCD), número de operativos ejecutados y cifra de personas detenidas por la PCD por delitos de drogas durante los años 2021, 2022, 2023 y durante el primer trimestre del 2024.
La Defensoría de los Habitantes consultó a la Contraloría General de la República si, desde su valoración, esta Política cumple con las disposiciones giradas en el Informe de Auditoría N° DFOE-GOB-IF-00017-2022 del 20 de diciembre de 2022, en cuanto a incorporar un enfoque prospectivo, un cronograma que incluya los elementos contenidos en la Guía de elaboración de Políticas Públicas del Ministerio de Planificación y demás aspectos formales y estratégicos que fueron requeridos por el ente contralor.
