Cuando el aparato público no funciona eficazmente, el administrado queda contra las cuerdas.
Se presentó, hace bastante, un proyecto de ley para autorizar a la Caja a condonar deudas por “cuotas sociales”, tema que respecto de profesionales calificados erróneamente como “trabajadores” está pendiente ante la Sala IV desde hace unos dos años.
Luego de aprobado en primer debate el proyecto fue consultado a la Sala. Según la Ley, esta debía rendir su criterio en un mes. La Sala envió su parte dispositiva, mas no las consideraciones. Técnicamente no se atendió el mandato legal. Si nadie puede retrasarse en los plazos legales, tampoco la Sala, por más Pandemia que curse, por más trabajo que haya, por más enredado que aparezca el tema. Las acciones pendientes tampoco salen. La fecha de entrada no interesa, pues hay personas adultas mayores involucradas y la normativa obliga a un trato preferencial, el que usualmente no se acata.
¿Qué es lo jodido? Que, mientras, la Caja está dispuesta a recurrir al cobro judicial, para forzar un arreglo. Si este se da, el resultado de la ley de autorización de condonación (que no comprendería el principal) no le alcanzaría. Esto lo sabe la Sala.
Se dice que la Caja, dada su autonomía, puede dispensar lo mismo que va a autorizar a condonar la ley, pero no se sabe cuándo será esto. Será cuando ya la gente esté en cobro judicial o ya haya suscrito arreglo. También las acciones de inconstitucionalidad eventualmente no sirvan para nada, aunque se estimen, con la historia de suprimirle efectos retroactivos y dado que no se les dio los efectos suspensivos que debieron tener por ley.
La justicia es tal solo si es pronta y cumplida. A ratos no se percibe ni una ni otra cosa. Sin una justicia cabal no hay Estado de Derecho.
(*) Mauro Murillo Arias es Abogado
