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Alcances del gobierno paralelo y sus gastos

Fuente: José Luis Vega Carballo  |  2012-05-02

Columna “Pensamiento Crítico”

I

Varios lectores han mostrado interés y preocupación por el tema de los abusos e irregularidades de gran cuantía detectadas en el sector público en cuanto a pagos multimillonarios por consultorías, asesorías y otras contrataciones de servicios que sobresalen en el Presupuesto Nacional (PN). Nos referimos a rubros del gasto público que se contabilizan aparte de las compras directas o licitaciones de bienes materiales; área donde también hay mucha tela que cortar, como la hay en cuanto a pagos por fiestas o agasajos, viajes y gastos de representación, confidenciales y de alimentación, entre otras partidas de dudosa validación. 

Sin embargo, antes de entrar de lleno en esa espinosa materia, hay que explicar por qué lo es. Ello debido a que hay muchos técnicos miopes e ingenuos ciudadanos quienes siguen pensando que los gastos aludidos y reiteradamente denunciados ante la opinión pública como anómalos, solo representan casos individuales, aislados y fortuitos de poca monta. O que se trata de simples fallas técnicas, pequeños errores y excepciones que confirman la “norma de la legitimidad” dentro de un sistema de democracia equilibrada, de pesos y contrapesos en el buen sentido liberal de la palabra. 

Para superar esa falacia, debemos apuntar que hay dos gobiernos o Estados, uno operando dentro del otro: a) el de fachada legal y formal que obedece a la norma y es legal y hasta conveniente; y b) otro, profundo, oculto o casi invisible, corrupto e ilegítimo, que  se mueve entre bambalinas y cuyas acciones no  pueden atribuirse a deslices o problemas técnicos. Por esta razón se hace necesario revisar el tipo de gobierno o régimen político que Costa Rica padece desde hace unos treinta años para acá, cuando los Arias se apoderaron del PLN y ascendieron al poder, si deseamos entender cómo funciona el Presupuesto Nacional (PN), el gasto público y la llamada “planilla paralela”. De otro modo, seguiremos pensando la cuestión en términos muy candorosos y de excepcionalidad, cuando la procesión va por otro lado. 

II

Nos referimos en primer lugar a que, la corrupción galopante que a diario salta a la vista, responde a una supraestructura política y empresarial semioculta y espuria, que aquí hemos venido llamando el SSCP o “Supra Sistema de la Corrupción Planificada”. Es una verdadera estructura delictiva, cuyos inicios se remontan a la primera administración arista (1986-90) y a su “Estado Paralelo” (denunciando por John Biehl, asesor chileno de los Arias en esa época); al bipartidismo del PLUSC (PLN+PUSC), al control de la política económica, el Banco Central, el ministerio de Hacienda y Comex-Procomer por los neoliberales al mando de Eduardo Lizano, Miguel Ángel Rodríguez y la Academia de Centroamérica; al pacto Figueres-Calderón y sus secuelas; a las oficinas ejecutoras de los préstamos para los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) del Banco Mundial y el BID; a los fondos del BCIE (como los manejados por Rodrigo Arias en la segunda administración del arismo, 2006-2010) y de varios gobiernos (el español y finlandés en el caso de la Caja); en general, a la desregulación apertura y privatización de la economía (el modelo neoliberal globalizado) mediante tratados de libre comercio y otras medidas derivadas del Consenso de Washington; las cuales empoderaron al “Estado Paralelo”, a su planilla y redes conexas en el sector privado de las cámaras patronales y grupos corporativos financiero-bancarios. A este tipo de políticas y estructuras se les denomina en la jerga del Banco Mundial, el “Neo-institucionalismo”, un programa que, ya no insiste en recortar el Estado, sino que transforma todo el aparato en un órgano al servicio del mercado y los negocios privados, generando una fusión y confusión total de intereses políticos y empresariales en las cúpulas del poder.

III

Mediante en SSCP la corrupción de alto vuelo y vasta dimensión – la de las llamadas “águilas” en la jerga del arismo-  se ha apoderado de los poderes de la República. Para comprenderla hay que deslindar y marcar la diferencia entre lo que corresponde al orden constitucional y legal, se apega a sus valores y principios, y aquello que lo vilipendia, transgrede y violenta. 

Pues el surgimiento de tal estructura o régimen, ahora en forma de “democracia en dictadura” al mejor estilo de los hermanos Arias, vino superar el mal menor y endémico, que antes proliferaba en nuestro medio: el micro-sistema de la corruptela de tipo espontáneo, esporádico y personal dentro del sector público, que es un fenómeno universal en el mundo, casi inevitable, y que poco o nada tenía, ni tiene, de fenómeno colectivo organizado, o de estructura con amplio espectro. 

A diferencia de la corrupción hormiga, el SSCP no es algo casual y aleatorio, sino una vasta estructura colectiva y organizada que ata intereses públicos y privados, siendo dominada por ocultos grupos e intereses espurios que se mueven dentro de ella como partículas o núcleos en un estado coloidal, los cuales necesitan aglutinarse y actuar a la sombra del poder, ya que no pueden legitimarse ni defenderse a la luz pública; mucho menos resisten la prueba de la racionalidad, especialmente la económica. Estamos ante una formación social, económica y política claramente ilegítima al servicio de la clase e intereses dominantes que ostenta raíces profundas en la institucionalidad pública y en los mercados. 

Más aún, ahora sucede que este SSCP pareciera haberse vuelto un poder en sí, endémico y muy generalizado en las altas esferas, al haber sido potenciado por la globalización del capitalismo neoliberal y la estrechísima fusión en él de lo público y lo privado, de la esfera institucional del Estado y los intereses del mercado, de los funcionarios públicos y los empresarios e inversionistas locales y foráneos. En su fase actual, no solo utiliza la administración pública y sus  recursos para impulsar negocios privados, sino que ha logrado transformar el Estado mismo en un instrumento para realizarlos, saltándose todo tipo de regulaciones y barreras, y haciendo desaparecer toda separación entre bienes y servicios transables en el mercado y los de índole público y que no lo deben ser porque su finalidad está vinculada a objetivos y funciones muy distintas, relacionadas con la búsqueda del bienestar, la justicia social o el bien común. Es de ahí, de la transgresión del patrimonio y el ordenamiento público, de donde surge el “gobierno de los amigos.”

IV

Comencemos por decir que, bajo ese supra-sistema de la corrupción sistémica asentado en un gobierno mafioso de padrinos, cuates o compadres, los individuos y empresas  no solo influyen sobre el rumbo de los negocios privados, sino que meten sus garras en los partidos y las elecciones. Desde abajo lo hacen captando masivamente el voto interesado o clientelar, el cual por ser manipulado y comprado,  contrasta con el voto razonado o crítico y sopesado. A cambio de ese voto cautivo los elegidos en los distintos niveles del gobierno deben devolver a los electores y sobre todo a sus mecenas económicos, los favores, recursos o beneficios prestados durante las campañas. La operación se hace mediante el reparto del “botín electoral”. Se forja así una escalada de intereses creados que culmina en un espacio cerrado, controlado por las mafias público-privadas y sus testaferros nombrados en los más altos puestos del sector público, desde el cual operan dominando desde atrás la toma de decisiones, particularmente donde se manejan y asignan los recursos financieros, se define la política económica y, por ende, el balance de los “ganadores-perdedores” y la distribución de la tasa de ganancias del gran capital; por ejemplo, desde el ministerio de Hacienda y el de economía, Comex y Procomer, la Tributación, la Contraloría, Aresep y demás entes reguladores como Sutel, Sugef, etc., el Banco Central y el sistema bancario nacional público y privado. 

V

Lo anterior explica por qué el presupuesto nacional -particularmente en lo relativo a nombramientos o manejo en general de la planilla, las contrataciones y la compra-venta de bienes y servicios- se vuelve bajo esas circunstancias un bien estratégico muy codiciado y duramente disputado por las distintas mafias y sus clientelas; o sea, por los actores principales y fuerzas de la corrupción organizada y planeada a esos efectos. Este es, pues, la fuente del origen que aquí hemos denominado “gobierno de los amigos”, o de los compadres, amigotes y monigotes o testaferros. 

Esas mafias delincuenciales controlan, como si fueran títeres, a los funcionarios electos o nombrados para que se apropien, desvíen y malversen los fondos del erario de varios modos. Al respecto, nos interesa destacar -junto a la reconocida vía de la compra amañada de bienes y las concesiones de obras (otro gran tema)-, las multimillonarias contrataciones de servicios, generalmente innecesarios y/o a precios inflados y en exceso onerosos que se hacen a lo largo de todo el sector público, centralizado y descentralizado, pervirtiendo los mecanismos de la contratación y asignación de los recursos y socava la confianza ciudadana, la credulidad de los contribuyentes y la legitimidad de la democracia. 

Téngase en cuenta, eso sí, que, para que funcione el asalto de esas mafias fusionadas (o público-privadas) al poder bajo las ecuaciones del SSCP, es indispensable que se desactiven regulaciones y los controles institucionales, con lo cual se logra liberalizar o privatizar el flujo de transacciones y recursos al interior del Estado, y entre éste y las empresas de servicios, consultoras y grupos corporativos privados. Como lo explica un comentarista español, Rodrigo Tena, para poder articular el “capitalismo de los amigos” (que los anglosajones llaman “crony capitalism”) hay que suspender algo que es fundamental para la preservación de la democracia; a saber, “ los sucesivos gobiernos de turno necesitan desactivar cualquier tipo de control (si es que lo hubiere), esos ´checks and balances` de los que hablan los anglosajones y que van desde los de carácter constitucional (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Poder Judicial) hasta los de tipo administrativo (intervención del Estado, inspección tributaria y de servicios) e incluso mediático (sobornando con publicidad institucional determinados medios de comunicación o favoreciendo sus aventuras empresariales). La consecuencia de todo ello es obvia: al no existir control ni seguridad jurídica alguna el dinero público se despilfarra, se imposibilita la creación de pequeñas empresas (pues éstas no pueden competir ni crecer en un marco así) y se espanta a la inversión extranjera” (Rodrigo Tena,  “Argentina, Repsol y la seguridad jurídica” en El Confidencial-España, 28/04/2012). Menudas consecuencias las que nos indica Tena, que deben tenerse muy presentes a lo largo de lo que seguidamente vamos a enfocar en la segunda parte de este análisis crítico de uno de los peores mundos en que nos toca vivir.

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