Carta al Lic. José Pablo González Montero, Fiscal Agrario Ambiental, Ministerio Publico
Estimado don José Pablo:
La alta incidencia de delitos ambientales en nuestra región atlántica se debe principalmente al abordaje de estos, mediante mecanismos dinámicos con el agregado de formalismos procesales superados, aparejado a la inercia de las instituciones públicas que constitucional y por disposición legislativa están obligadas a actuar, pero no lo hacen, lo que constituyen condiciones que incentivan el delito ambiental.
Para mejor explicar lo anterior, me remito a un sencillo ejemplo. La Municipalidad de Talamanca emitió más 400 permisos de uso del suelo en bosques públicos, claramente ubicados en la Zona Marítima Terrestre, todo ello al amparo de la extinta Ley 9223. Aunado a más de 200 permisos de construcción.
Ante nuestras recurrentes denuncias puede observarse cómo funcionarios del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), de manera audaz y solapada, presentan una tímida denuncia ante el Ministerio Público, la cual posiblemente tardará décadas en resolverse. Todo ello, debido a la falta de fundamentación jurídica, motivación de los hechos incurridos como delictuosos, y sobre todo, carente de la necesaria individualización de los beneficiados, amén de que los señores regidores de la Municipalidad de Talamanca, que los emitieron, ya no se encuentran en funciones.
Al respecto le ruego tomar en cuenta que el Patrimonio Natural del Estado ubicado en la zona marítimo terrestre continúa en administración del SINAC, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, por ubicarse en un área declarada inalienable. Razón por la cual, mediante una sencilla gestión por parte de la Contraloría General de la Republica se podría ordenar a la Municipalidad de Talamanca declinar la administración de esos terrenos con fundamento en el artículo 13 de la Ley Forestal, por ubicarse en un área declarada inalienable.
Estimado don José Pablo, tal y como reiteradamente lo ha expuesto don Pablo Bustamente Cerdas, ex regidor de la Municipalidad de Talamanca, el Caribe Sur es una mina para foráneos, de buen perfil como Luis Fernando Arias, Enrique Pucci y la Licda Emily Yozel, quienes presuntamente han drenado y fraccionado terrenos en aras de un boyante negocio de bienes y raíces, en el cual se han conjuntado voluntades con funcionarios del MINAE, SINAC ACLAC. Y lo más grave, hasta el Consejo Regional Ambiental fue utilizado para avalar la reducción de los limites originales del Refugio Gandoca Manzanillo.
Don José Pablo, los saqueadores del patrimonio natural del Estado y consecuentemente de la hacienda pública no somos sencillos afro costarricenses, sugestivamente denominados “pobladores del caribe Sur”, quienes no acudimos para impulsar leyes que únicamente benefician a unos cuantos inconscientes que no han reparado en el daño causado al ordenamiento territorial, con lo cual no se podrá garantizar agua en cantidad y calidad para sus suntuosos desarrollos.
Mientras el mundo actual se debate en qué hacer para revertir el cambio climático irónicamente en nuestra región atlántica son destruidas miles de hectáreas de humedales para ampliar la frontera agrícola por parte de empresarios bananeros que fomentan el precarismo de las tierras de JAPDEVA para luego adquirirlas a precios irrisorios.
Algunos de esos mismos bananeros utilizan a la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE) como si fuera el departamento de ingeniería de dichas empresas agroindustriales, para año con año atender mediante millonarios fondos públicos, las recurrentes inundaciones que son provocadas por diques construidos de manera empírica que inundan las llanuras de los, ríos obviando elementales principios de ciencia y técnica tal es el caso del puente sobre el rio Estrella ubicado en la ruta 36.
Finalmente, don José Pablo, tenemos 30 años de ver toda clase de despilfarros de millonarios fondos públicos mediante proyectos de “protección” hábilmente maquillados que hacen que los casos Diamante, La Trocha, y otros sean un juego de niños. Véase que en la CNE la prevención prácticamente no existe. En cambio, el boyante negocio de la atención de emergencias campea olímpicamente ante los ojos de una casta de políticos empresarios que no tienen ni idea de la corrupción que manejan algunos mandos medios en instituciones como la CNE y otras.
Por lo expuesto le ruego desplegar todos los recursos jurídicos de que dispone el Ministerio Público para hacer cumplir la letra del párrafo segundo del artículo 50 de nuestra constitución política. Entre ellos, le recuerdo la importancia de individualizar a los presuntos responsables de los ilícitos, con el propósito que la Ley pueda tener los efectos para la cual fue prevista. Termino, recordándole de la manera más respetuosa, y así se lo pido encarecidamente, el aforismo jurídico de “dura lex es lex”, que no debe olvidar quienes representa en la Región Atlántica al Ministerio Público.
Atenderé notificaciones al correo machore@gmail.com
(*) Marco Machore es Abogado
Patriota no es ponerse la camiseta de «La Sele», una gorra pola de #soytico o ir a votar por Figueres.
Muchas gracias Marco, es usted un verdadero patriota!
Cómo podemos los de «a pie» apoyar su causa?
Soy testigo que las conductas despreciables que denuncia el señor Machore que son atribuibles, según él, ha funcionarios del SINAC de la zona del Caribe, parece que son el actuar característico de algunos funcionarios de esa dependencia del MINAE. Igual que en el Caribe, el actuar del SINAC de Heredia, gracias a algunos malos funcionarios, se caracteriza por una inercia, desidia, negligencia a la hora de atender las denuncias, eso si las atienden. Los males que se denuncian en la nota de Machore, se remediarían cuando tengamos un ministro o ministra de ambiente que cumpla sus obligaciones en el tema de proteger el patrimonio natural del Estado y así ponga a “raya” a los mandos medios que son incompetentes en el desarrollo de su trabajo como funcionarios de un ministerio que le corresponde proteger el ambiente; lamentablemente los últimos ministros y ministras de ambiente, están más preocupados de hacer currículum que les lleve a ocupar un puesto en un organismo internacional, ejemplos la actual ministra Mesa y el anterior ministro Rodríguez.