lunes 29, abril 2024
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Gobierno de Ecuador, entre la espada y la pared

Quito, 10 feb (Sputnik).- Los resultados de las elecciones locales y la consulta popular celebradas en Ecuador hace menos de una semana obligan al presidente Guillermo Lasso a enrumbar su gobierno hacia la segunda mitad de su mandato.

«Si es que el gobierno no logra efectivamente dar un giro, lo que va a tener que enfrentar políticamente es su salida», dijo a la Agencia Sputnik el analista Andrés Mideros, doctor en Economía y Análisis de política pública y director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Tras la victoria del «No» en cada una de las 8 preguntas que planteó a los ecuatorianos sobre ambiente, institucionalidad y extradición de los narcodelincuentes, entre otras, el panorama se presenta complejo para la gobernabilidad del presidente Lasso.

Entre las medidas emergentes adoptadas esta misma semana, Lasso llamó a un diálogo nacional para una salida a la crisis política e hizo varios cambios en su gabinete, insuficientes para la complejidad de la situación política nacional, en opinión del catedrático.

«El cambio de gabinete no da cuentas de un gobierno que busque acordar e incluir a otros sectores políticos, sino simplemente una renovación de cuadros dentro de una misma tendencia y ahí está el problema», anotó.

Mideros coincide con otros analistas políticos en que el gobierno debe apuntar a una política pública con acciones concretas que den respuestas a las necesidades de la población, aunque no estaría exento de contratiempos.

«Creo que tiene muy margen para actuar y muy poco tiempo para hacerlo», dijo el catedrático.

Diálogo irreal

Hasta el momento varias de las principales organizaciones del país declinaron atender el nuevo pedido presidencial de un diálogo para llegar a consensos y buscar soluciones a las demandas ciudadanas.

«El llamado al diálogo es absolutamente irreal; no tiene credibilidad por la forma en la que se lo convoca, sin una agenda, sin una metodología, sin una temporalidad, sin un objetivo claro que se quiera conseguir», señaló a esta agencia el también exministro de Trabajo.

Entre las agrupaciones políticas que rechazaron sentarse a la mesa de negociaciones está el Partido Social Cristiano (PSC), de Jaime Nebot, el aliado más importante para permitir la llegada del movimiento CREO y su líder a la Presidencia, en mayo de 2021.

A ese listado se suma la Revolución Ciudadana (RC, seguidores del expresidente Rafael Correa), que en las elecciones del domingo se posicionó como una fuerza política de peso al ganar varias prefecturas, entre estas en las principales provincias del país (Pichincha, Guayas y Manabí).

Tanto el PSC como RC han expresado indistintamente que no se puede creer en la palabra del presidente ni de su gobierno.

En tanto Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció que no será parte de ningún diálogo e instó al gobierno a cumplir los 218 acuerdos alcanzados en octubre pasado con las organizaciones sociales e indígenas luego de 90 días de negociaciones, de los cuales, dijo, solo atienden un 10 por ciento del total.

Cambio de política o salida

El gobierno ecuatoriano no parece tener muchas opciones sobre la mesa que no sea un giro de timón y dar paso a las demandas populares, o de lo contrario podría enfrentar un estallido social.

«Necesita un cambio de todo lo que ha sido su programa de gobierno para poder mantenerse, si no, tendrá que dar un paso al costado», aseveró Mideros.

Indicó que entre las consecuencias inmediatas del resultado de la votación, subió el indicador del Riesgo Pais y hay más incertidumbre de parte de inversores nacionales y extranjeros.

El diario digital Primicias se hizo eco de una advertencia de los bancos de inversión JP Morgan y Morgan Stanley, según los cuales los resultados de las votaciones debilitan al ejecutivo.

Por otra parte, crecen las voces en la sociedad ecuatoriana que piden la renuncia del presidente o la revocatoria de su mandato.

«Eso se puede dar a través de la muerte cruzada en la Asamblea Nacional, por los movimientos políticos que allí están representados, o bien por nuevas movilizaciones sociales que vuelvan a hacer una paralización en las calles, exigiendo cambios de la política pública y la salida definitiva del gobierno», apuntó.

Desde la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) varios legisladores han instado en los últimos días al presidente Lasso a renunciar y anticipar elecciones o a dar paso a la «muerte cruzada», mecanismo establecido en los artículos 130 y 148 de la Constitución de 2008.

En tanto, un comité ciudadano por la revocatoria del binomio presidencial ha exigido la entrega de los formularios para recoger las firmas y buscar su salida a través de una vía constitucional.

Esta iniciativa cobró fuerza tras la aprobación en el Legislativo de una resolución, el año pasado, que señala el incumplimiento del programa de trabajo del gobierno.

Otro elemento que podría agudizar la crisis política es la denuncia de presuntas irregularidades en miles de actas de la consulta popular, debido al cambio del orden de los candidatos, lo cual obligó al recuento de votos en 6 provincias sin que se alterara el resultado del escrutinio.

En las últimas horas del jueves desde el CNE se reveló la existencia de un presunto centro de cómputos paralelo al Consejo Nacional Electoral en la provincia de Guayas, perteneciente a la Revolución Ciudadana, según el cual la Fiscalía allanó el local pero al no encontrar evidencias de actas de fraude, sino copias de las actas originales para llevar sus propias estadísticas y cuidar el voto, procedieron a llevarse computadoras «para montar un show».

Al respecto, el abogado Pedro Granja señaló en Twitter que «los partidos tienen derecho a tener copias de las actas electorales para evitar que les hagan fraude».

Estas situaciones han encendido las alarmas en organizaciones sociales y políticas, como la Conaie y la Revolución Ciudadana, que atribuyen estas maniobras en intentos por revertir el resultado de la consulta, adverso para el gobierno, por lo cual han anunciado que van a defender la voluntad popular de los ecuatorianos en las urnas. (Sputnik)

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