Quito, 12 feb (Sputnik).- La Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano denunció a la opinión pública el sábado una intromisión del Estado en sus funciones luego de fueran reemplazados los investigadores policiales que laboran en esa función a cargo de varias investigaciones por corrupción.
«Estas medidas significan una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que -de manera independiente- ha venido realizando la FGE en materia de derechos humanos cumpliendo con el Protocolo de Minnesota, por ejemplo, o en particular sobre investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad o posibles hechos de corrupción o en casos como ‘Encuentro’, ‘Pandora Papers’, ‘Gabela’, ‘DHRUV’, ‘Bernal’ o ‘Petroecuador», dice el comunicado oficial.
Según la Fiscalía, el equipo que se pretende imponer no cuenta con la experticia en el ámbito penal, ni ha pasado las pruebas de confianza, y deberá incorporarse de cero a casos que están avanzados.
El texto difundido señala que estas acciones son lesivas a la institucionalidad de la FGE, por lo cual «responsabiliza directamente al Estado ecuatoriano» por la seguridad de la máxima autoridad de esta entidad pública y de su familia, además de que se pone en riesgo la permanencia de las personas investigadas.
Tras el comunicado, la Policía Nacional dio a conocer de igual modo un texto oficial donde señala que ese cuerpo sigue apoyando a la FGE con el mismo número de investigadores y de policías de seguridad, pero que «solo se ha rotado el personal, como corresponde luego de cumplir su período».
Además, señala que se han realizado similares procesos de rotación en la escolta legislativa, el Servicio de Rentas Internas y la Corte Constitucional, entre otras instituciones.
El suceso ha sido interpretado como una respuesta luego del allanamiento el viernes a la sede gubernamental.
La legisladora Mónica Palacios dijo en Twitter que, después de que la fiscal general Diana Salazar revelara presiones del exsecretario de la Administración Iván Correa y del actual titular del Consejo de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, el ministro del Interior, Juan Zapata, ordena retirar a los 37 investigadores.
Este incidente podría agudizar la crisis política que enfrenta el Gobierno de Ecuador luego de la revelación de una presunta red de corrupción en empresas públicas y tras la consulta popular del pasado día 5, en que los resultados preliminares apuntan al triunfo del «No» en las ocho preguntas planteadas a más de 13 millones de ecuatorianos. (Sputnik)
Fiscalía General de Ecuador denuncia «clara intromisión» del Estado en la justicia
