Lima, 16 feb (Prensa Latina) Un dirigente político derechista pidió hoy a la presidente peruana, Dina Boluarte, una amnistía para militares y policías que actuaron contra las protestas antigubernamentales, que registran un saldo de 60 muertes.
El jefe del partido Avanza País, de derecha extrema, Aldo Borrero, hizo el planteamiento casi al mismo tiempo que la organización Amnistía Internacional presentaba un informe sobre graves violaciones de derechos humanos durante las protestas.
Borrero hizo el planteamiento en una visita a la mandataria, como parte de una ronda de diálogo político convocada por Boluarte para tratar la crisis agravada tras la destitución y detención, el 7 de diciembre último, del entonces presidente Pedro Castillo.
“Hemos propuesto a la presidenta una amnistía para todos los policías y militares” en actividad, dijo, durante el tiempo de las manifestaciones que exigen la renuncia de Boluarte, prontas elecciones generales adelantadas y un referendo sobre la convocatoria de una asamblea constituyente.
Alegó que “no podemos abandonarlos”, teniendo en cuenta que salieron al frente “y defendieron nuestra democracia” y pidió se les proteja de una supuesta “persecución judicial”.
Decenas de militares y policías de diverso rango y la propia jefa de Estado son objeto de investigaciones o denuncias por las muertes durante las protestas.
La directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, Erika Guevara, presentó hoy un informe, producto de una investigación, que consigna graves violaciones de derechos humanos durante las protestas, incluyendo posibles ejecuciones extrajudiciales de manifestantes y civiles ajenos a las movilizaciones.
El informe califica la represión policial y militar como letal y racista y caracterizada por el uso ilegítimo de las armas, siendo sus principales vñictimas campesinos e indígenas.
Añade que solo en el presente mes la organización recibió información sobre 46 violaciones de derechos humanos, las cuales se han registrado principalmente en las regiones de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y la ciudad de Lima.
Entre las muertes, la indagación verificó 13 fallecidos por proyectiles en el torso, el pecho o la cabeza, lo cual podría significar que los disparos fueron hechos con la intención de matar, ante lo cual la principal recomendación planteada es el cese inmediato del uso de la fuerza.
