San José, 2 mar (Elpaís.cr).- Para atender las necesidades de agua potable para consumo humano en varias comunidades en Crucitas de Cutris, cuyas fuentes de aguan están contaminadas con mercurio, debido a la mineria de oro ilegal, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció un decreto de emergencia.
En Crucitas de Cutris, San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan, la empresa canadiense Industrias Infinito pretendía construir una mina a cielo abierto, pero el proyecto fue cerrado en causa judicial por irregularidades y corrupción en el otorgamiento de la concesión durante la administración de Óscar Arias Sánches (2006-2010).
Autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), unen esfuerzos para atender las necesidades que tienen los vecinos de Roble-Chamorro, Llano Verde, El Jocote, Crucitas y Chorreras, dijo Chaves.
Desde el pasado 24 de febrero, Alexei Carrillo Villegas, ministro a.i. de Salud; Alejandro Picado Eduarte, presidente Ejecutivo del CNE y representantes del AyA visitaron la zona y conversaron con los vecinos para conocer de cerca el problema de contaminación de aguas en la región norte.
“Estamos trabajando en cuatro líneas de acción, hemos desarrollado una mesa de trabajo integrada por las instituciones involucradas. Además, la CNE ha donado más de mil recipientes al AyA con la finalidad de poder distribuir el agua entre los afectados”, recalcó Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE.
La CNE trabaja conjuntamente con Dinadeco para mantener reuniones en busca plantear soluciones de la mano con asociaciones cercanas a las zonas con afectación y, de momento, se desarrolla el informe técnico entre el Ministerio de Salud y Acueductos Alcantarillados, esto será la base para definir las siguientes acciones por parte de las entidades involucradas.
Dicho plan de acción plantea una nueva visita de campo a realizarse este viernes con el propósito de dar seguimiento a las principales operaciones de supervisión periódica que mantienen las Asadas (acueductos rurales) en el sector de Crucitas y así garantizar un acceso adecuado a los servicios de agua en la zona.
“Para el año 2022, desde el Ministerio de Salud detectamos la presencia de mercurio. Ante esto giramos órdenes sanitarias para clausurar dichas fuentes y recomendar responsablemente a la población no consumir este líquido y trabajamos con instituciones para garantizar que las personas tengan acceso al agua potable”, manifestó Carrillo.
Añadió que el pasado martes 28 de febrero realizó una reunión técnica virtual encabezada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en la que participaron personal del MINAE, Ministerio de Salud, AyA, Dirección de Geología y Minas y CNE.
“Tenemos un documento que habíamos enviado preliminarmente a la CNE, donde se nos solicitó incorporar más insumos respecto al tema de la problemática de la salud, para lo cual pedimos el apoyo del Ministerio de Salud”, informó Alejandro Guillén Guardia, presidente ejecutivo de AyA.
Las instituciones involucradas están a la espera de recibir una matriz acerca de las acciones por tomar. Cabe mencionar que el AyA mantiene el reparto del líquido por medio de los tanques que fueron instalados y en esta semana se desplazaron a la zona 13 tanques con sus respectivas tarimas para la instalación.
El presidente Chaves también recordó que la empresa canadiense Infinito Gold mantiene una demanda internacional contra el país “a causa de una concesión que algunos han considerado ilegal, que ciertamente ha sido costosa para el Estado”.
Infinito Gold apeló un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial que respaldó a Costa Rica en la anulación del contrato de concesión minera a causa de las irregularidades y corrupción.
El mandatario reconoció que la extracción ilegal del oro continua “a pesar de que tenemos 155 policías ahí, no ha sido suficiente” para detener la actividad que utiliza mercurio y cianuro.
Mientras tanto, el AyA mantiene el reparto del líquido por medio de los tanques que fueron instalados y en esta semana se desplazaron a la zona 13 más con sus respectivas tarimas para la instalación en sitio.
Eliminación del mercurio
La ex ministra de Salud Joselyn Chacón y el Ministro del ministro del Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, remitieron un informe a la Sala Constitucional con fecha del pasado 29 de agosto sobre “los planes, medidas de mitigación o de restauración de daños” en el lugar a causa de la contaminación con mercurio de las fuentes de agua potable.
En el documento, que los funcionarios calificaron de “plan de contención”, se indica que “debido a la contaminación difusa en la zona y la magnitud del área, resulta imposible pensar en la remoción del mercurio”, pues ese metal “tiende a fijarse en el suelo, el sedimento o plantas, por lo que lo apropiado sería detener la actividad de extracción ilegal en la zona”.
El documento propone continuar acciones iniciadas por los últimos dos gobiernos de monitoreo tanto de la contaminación y estado de los cuerpos de agua, como de vigilancia policial en las zonas de minería ilegal y fronterizas con Nicaragua.
El cronogramamenciona “actividades” que corresponden al Minae, como el “monitoreo” de las áreas de intervención minera y de la presencia de mercurio en el medio ambiente, así como el “levantamiento espacial de los cuerpos de agua”.
Ambientalistas han denunciado que solamente se habla de ese monitoreo, sin ninguna acción para reparar el daño, a pesar de los convenios internacionales que ha firmado Costa Rica para la protección de la naturaleza.
En setiembre anterior, el abogado ambientalista Álvaro Sagot criticó que en el área impactada por mercurio “no van a tomar ninguna medida técnica, no van a hacer nada porque no tienen recursos, no tienen personal y desde esa perspectiva, salvo que el área vaya a ser destinada a algo diferente a lo que existe hoy en día, no van a hacer absolutamente nada”.
Sagot comentó que la decisión del Poder Ejecutivo de descartar la puesta en marcha de cualquier medida para remediar el daño ambiental riñe con obligaciones adquiridas ejemplo al ratificar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, del cual Costa Rica es parte desde que entró en vigor en 2017.
El abogado recordó que la Convención de la Diversidad Biológica establece la importancia y necesidad de “tomar medidas restaurativas de los ecosistemas que han sido dañados”; así como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que “establece medidas de remediación cuando se trata de zonas impactadas con productos químicos”.
La posición del gobierno “al sector ecologista nos tiene asombrados” y reiteró que implica que «por supuesto que estaríamos incurriendo en incumplimiento de obligaciones internacionales contraídas en esos tres instrumentos”, puntualizó Sagot en ese momento.