Puerto Príncipe, 25 abr (Prensa Latina) La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) exigió explicaciones al Gobierno por la violencia que vive hoy Haití, tras denunciar unos 300 asesinatos como consecuencia de los ataques de grupos armados.
La plataforma deploró que desde inicios de este año se intensificaron las incursiones de las pandillas en numerosos barrios de esta capital y del departamento Artibonite, con un saldo de centenares de fallecidos y la violación en grupo de varias decenas de mujeres y niñas.
En Bel Air, situado en el corazón de Puerto Príncipe, 148 personas fueron asesinadas o desaparecidas del 28 de febrero al 5 de marzo, cuando las pandillas se disputaban el territorio, de acuerdo con el informe de la Rnddh.
Agrega que otras tres personas sufrieron heridas y los miembros de las bandas incendiaron 62 viviendas y saquearon otras 26.
Dos semanas después, el 20 de marzo, un incidente similar tuvo lugar en los barrios de Cargo y Tunnel con un saldo de nueve fallecidos, mientras que el 31 de marzo un presunto pandillero fue linchado en Fort Jacques, localidad del sudeste de esta capital.
A esto se suman los cerca de 70 asesinatos ocurridos en Cité Soleil, el barrio pobre más grande de Haití, durante los enfrentamientos entre grupos armados ocurridos del 14 al 19 de abril, señaló la plataforma, que citó un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria.
La semana pasada otro ataque en Source Matelas, al norte de Puerto Príncipe, dejó al menos un centenar de fallecidos, de acuerdo con el reporte de la Rnddh.
Ante la gravedad de la situación, la organización condenó el clima de terror instaurado y exigió explicaciones al Gobierno sobre la intensificación de los ataques armados simultáneos.
La Red Nacional también criticó la supuesta revocación del plan estratégico de la Policía para dificultar el movimiento de las pandillas, luego que las fuerzas de seguridad recibieron vehículos y equipamientos.
La organización reiteró que los derechos a la vida, seguridad y propiedad privada están garantizados por la Constitución y exigió su respeto por parte de las autoridades estatales.
