San Salvador, 28 jun (Sputnik).- El proyecto del Gobierno de Honduras de construir una granja penal en las Islas del Cisne, a unos 230 kilómetros de tierra firme, preocupa a defensores de los derechos humanos en el país centroamericano.
«Es importante conocer cuáles son las medidas que va a adoptar el Estado para evitar o para prevenir que el acceso a estos centros penitenciarios por parte de abogados, abogadas y familiares, no resulte extremadamente difícil o caro, a tal punto que sea imposible ese contacto», manifestó el investigador en derechos humanos Joaquín Mejía, citado por el portal hondureño Criterio.
Tras la masacre de 46 reclusas durante un motín en la penitenciaría para mujeres de Támara (centro) la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruyó el viernes a la Fuerza Armada a construir una Granja Penal para reclusos pertenecientes a las maras y pandillas en la deshabitada isla del Cisne, en medio del mar Caribe sudoccidental.
El traslado de privados de libertad a una isla ubicada a 230 kilómetros de las costas continentales de Honduras, entraría en abierta contradicción con el principio 19 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, recordó el activista en derechos humanos.
La referida norma establece que toda persona detenida o encarcelada tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos, además dispondrá de la oportunidad adecuada para comunicarse con el mundo exterior.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, relacionados con traslados a lugares distantes, expuso lo siguiente:
«Cuando el acceso a los establecimientos de detención y penitenciarios se hace extremadamente difícil u oneroso para los familiares, al punto de imposibilitar el contacto regular, se afecta inevitablemente el derecho de ambas partes a mantener relaciones familiares. (por lo que) este hecho podría constituir una violación al derecho a la protección de la familia (…)».
Por consiguiente, Mejía señaló que el Estado de Honduras debe establecer como será el traslado tanto de abogados defensores, como de los familiares de los privados de libertad hacia la futura instalación penal.
La abogada Ana Pineda, extitular de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, comentó la citada publicación digital que tal penitenciaría no debería verse solo como un lugar de encierro, sino como un espacio adecuado para lograr la finalidad de la sanción; a saber, la reeducación, rehabilitación, resocialización y reinserción social.
Hasta el momento, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, solo adelantó que la prisión de la isla del Cisne será edificada mediante compras directas. (Sputnik)
