Buenos Aires, 8 Jul. (EUROPA PRESS) – La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno federal argentino se ha presentado como querellante en la causa que investiga la represión en la provincia de Jujuy y ha advertido de que podría haber «graves sanciones de organismos internacionales».
«Asumiendo las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos», ha apuntado el organismo en una nota recogida por la agencia de noticias argentina Télam.
La Secretaría recuerda que el pasado 20 de junio, «ante la represión llevada a cabo por el gobernador (de Jujuy), Gerardo Morales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había llamado la atención al Estado argentino exigiendo respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios».
Así, ha defiende que «los cortes de ruta (…) son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta» y remarca que «es necesario que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica».
Por su parte, Naciones Unidas ha exhortado al Estado argentino a «investigar con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy» y consideró que «también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos».
«Lejos de tan claras advertencias que fueron informadas por el Estado Nacional a fin de que la provincia de Jujuy cese con las violaciones a los derechos humanos, el Gobierno provincial acaba de anunciar la profundización de la criminalización de las protestas, con penas llamativamente expeditivas a personas que estaban ejerciendo sus legítimos derechos», se ha lamentado la Secretaría de DDHH.
Además, la Secretaría ha resaltado que «el Poder Judicial provincial cumpla siempre al pie de la letra lo que el Poder Ejecutivo se adelanta en anunciar, dejando en evidencia la absoluta falta de independencia entre poderes».
Por último, el Gobierno central argentino ha solicitado que se investigue a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos, «como disparos a los ojos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, actuación de policías de civil infiltrados».
La Convención Constituyente de Jujuy ha aprobado la reforma parcial de la Constitución provincial incluyendo restricciones y prohibiciones para la protesta ciudadana y, por otro lado, medidas que despojan a las comunidades originarias de sus tierras históricas. Las últimas jornadas de protestas se han saldado con decenas de detenidos y más de un centenar de heridos.
