Ciudad de México, 12 ago (Prensa Latina) La guerra de la oposición contra la distribución de libros de textos escolares gratuitos continuó hoy en México al suspender la Suprema Corte de Justicia (SCNJ) su entrega en Chihuahua.
La SCNJ, abiertamente adversario del Poder Ejecutivo, admitió a trámite la controversia constitucional que la gobernadora Maru Campos promovió contra los ejemplares de entrega gratis.
Siguió así el curso en otros tres estados que pugnan por lo mismo, y una ola de críticas con igual fin que el Gobierno contrarresta con un programa de explicación del contenido a cargo de la Secretaría de Educación.
La gobernadora del Partido Acción Nacional del estado, María Eugenia Campos Galván, promovió acciones contra las bases de elaboración de los textos, y el ministro Luis María Aguilar Morales la respaldó al ordenar a la Secretaría de Educación Pública suspender el proceso de entrega.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente. Se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este proveído”, determinó el ministro de forma individual y no colegiada.
Hace uno días, la Consejería Jurídica de Chihuahua promovió una controversia constitucional contra la secretaría, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la Subsecretaría de Educación Básica.
También contra la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, así como de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.
Hay una guerra muy fuerte promovida por el Poder Judicial, en especial su más alto nivel, la SCJN, contra el Poder Ejecutivo, gracias a que el Gobierno no ha logrado hacer la reforma judicial proyectada por no contar con una mayoría calificada en el Congreso, y por tanto todo el sistema jurídico nacional sigue en manos de la oposición.
