San José, 23 ago (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica alertó de una posible crisis humanitaria en la frontera con Panamá a causa de la falta de atención a las necesidades de las miles de personas migrantes que ingresan al territorio nacional cada día.
Históricamente, Centroamérica se ha caracterizado por ser una región de origen, tránsito y destino de flujos migratorios, algunos en búsqueda de mejores condiciones de vida y otros en procura de resguardar su vida, libertad e integridad personal.
En las últimas décadas, este desplazamiento social ha presentado un incremento considerable, siendo que también se han agravado las condiciones de vulnerabilidad de las personas que transitan como parte de estos flujos migratorios mixtos.
El número de personas que trata de llegar a Estados Unidos a través de la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, se ha triplicado en el mes de agosto, pese a la advertencia de las autoridades de Estados Unidos de impedir su ingreso a esa nación.
La masiva llegada de personas migrantes a la frontera sur del país pone de manifiesto una crisis humanitaria que requiere de la presencia y de la acción coordinada de la institucionalidad costarricense y de la cooperación de la comunidad internacional, con la finalidad de garantizar sus derechos humanos y atender las múltiples necesidades que presentan, que discurren entre las más básicas, como el acceso a agua potable, la alimentación, la salud, el abrigo, un lugar donde pernoctar, hasta las de mayor complejidad, como las relativas al derecho a la protección internacional.
Importante señalar, que el flujo migratorio mixto, que incluye a personas solas, como a grupos familiares, se ha identificado una gran cantidad de niños y niñas y mujeres embarazadas quienes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense, merecen una protección especial.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, inspeccionó en el antiguo campo ferial en Paso Canoas y en la Estación Migratoria Bicentenario Sur- EMBISUR, donde pudo conversar con autoridades gubernamentales en la zona y con la población migrante.
Entre los principales hallazgos producto de esta visita, la Defensoría identificó la necesidad de atender con urgencia las condiciones de infraestructura, aseo y acceso agua potable en el campo ferial (Paso Canoas).
Además, el levantamiento de registros de información oportunos que permitan la identificación de la cantidad de personas que permanecen en el lugar, las necesidades particulares de atención, así como de la referencia de aquellos casos que requieren ser traslados a la Estación Bicentenario Sur (EMBISUR).
Dijo que resulta indispensable que, a partir de ese registro, se brinde seguimiento a la intervención real de cada una de las instituciones responsables de la atención de estas personas.
En línea con lo anterior, la Defensoría de los Habitantes insiste en la necesidad de que el Estado costarricense adopte con urgencia políticas migratorias uniformes que garanticen una atención integral a los flujos de personas que utilizan los países centroamericanos como puente hacia el norte, sin que tengan ninguna intención de permanecer tiempos prolongados en algunos de ellos y de aquellas a quienes por diferentes circunstancias (estado de salud, arraigo en el país, entre otras), les resulta imposible continuar el viaje hacia el destino final en un corto plazo. Debe establecerse una responsabilidad y coordinación interinstitucional que garantice dicha atención, en resguardo de los derechos fundamentales de estas personas.
Advierte que es fundamental que las respuestas o soluciones migratorias que se brinden a estas personas, no estén orientadas únicamente a resolver el aspecto de su ingreso irregular al país (control migratorio), sino más bien de que cualquier decisión garantice la protección de sus derechos fundamentales, considerando las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a estos flujos migratorios mixtos, principalmente a aquellas personas que se encuentren en mayor vulnerabilidad, como el caso de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que requieran de una atención diferenciada en virtud de sus necesidades de protección.
