San José, 29 ago (Elpaís.cr).- La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, y el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, hicieron un llamado conjunto a sus Estados para que fortalezcan las medidas que garanticen a los migrantes un tránsito seguro, ordenado, regular, digno y basado en la protección de los derechos de esa población que se dirige con destino al norte del continente.
Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, entre enero y julio del 2023 ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá, por el Darién, un total de 251.758 migrantes.
En julio, por ejemplo, cruzaron por el mismo lugar con destino al vecino país centroamericano 55.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada el mes inmediatamente anterior, junio, cuando cruzaron la frontera inhóspita 29.722 migrantes. Hoy la cifra ya supera las 300.00 personas.
“La situación es muy crítica y además de una permanente crisis humanitaria también es una crisis ambiental y de seguridad nacional para varios países de la región. Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales”, aseguró el Defensor del Pueblo de Colombia.
“El Estado colombiano debe promover la gestión migratoria con perspectiva de derechos humanos para favorecer una migración segura, ordenada, regular y bajo condiciones de dignidad humana, pero la realidad es que ni siquiera conocemos cifras de migrantes por parte de las autoridades colombianas y su caracterización”, señaló Camargo Assis.
“Junto con la Defensora de los Habitantes de Costa Rica seguiremos en nuestro empeño de lograr que los Gobiernos de los países de la región tomen las medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes, particularmente de menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, quien resultan más vulnerables ante este difícil panorama que hemos venido visibilizando desde 2020”, señaló.
La declaración fue hecha durante sesión de trabajo en Costa Rica esta semana, en conjunto con la Red de Instituciones Nacionales de DDHH del Continente Americano (Rindhca).
En la sesión acordaron fortalecer los mecanismos de cooperación, articulación y llamar la atención de los gobiernos sobre la urgente necesidad de garantizar los derechos de personas que transitan por estos países con destino a los Estados Unidos.
Por su parte, Cruickshank Lambert, reiteró la necesidad de acelerar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional local y regional ante la crisis humanitaria que viven miles de personas migrantes que atraviesan las fronteras de estos países rumbo hacia los Estados Unidos.
La Defensora solicitó considerar la situación de vulnerabilidad que se encuentran mujeres en estado de embarazo, niños y niñas que viajan solos o que han quedado atrapados por las dificultades en el trayecto, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes por su condición requieren de un trato humanitario prioritario.
Adicionalmente, la Defensora dijo que “debe ser de atención especial el impacto que viven las comunidades que reciben a estas personas migrantes, para lo cual se hace necesario el apoyo de las diversas instituciones con medidas que permitan generar tranquilidad en un abordaje ordenado y digno de estos flujos migratorios”.
