Crisis de la educación se profundiza en Costa Rica

San José, 31 ago (Elpaís.cr).- La crisis educativa en Costa Rica, ya advertida en el informe previo (2021), se ha profundizado en materia de gestión, recursos e inversión, resalta el informe Estado de la Educación 2023.

Señala que ello ha creado una coyuntura decisiva para el presente y futuro del sistema educativo. De no actuarse con urgencia, se seguirá desplegando un sendero de involución hacia una educación de menor calidad y accesos excluyentes para amplios segmentos de la población.

«Ese curso afectará profundamente el rumbo del país en las próximas décadas. A la profundización de la crisis en los ciclos iniciales de la educación, se agrega la intensificación, en los dos últimos años, de un riesgo inminente de insostenibilidad financiera de las universidades estatales», indica.

Destaca que tanto la contracción de la inversión como la agudización de los conflictos anuales por el financiamiento de la educación superior pública amenazan las labores sustantivas de estos centros de enseñanza en docencia, investigación, acción social, así como avanzar hacia metas más ambiciosas en cobertura y calidad.

Explica que para esta edición del Informe se realizó un esfuerzo especial por documentar con más detalle y profundidad la situación del sistema educativo, a partir de la plataforma de conocimientos creada por los Informes anteriores.

«Procuramos afinar la lectura sobre el desempeño de los ciclos desde el preescolar hasta el universitario de una manera lo más objetiva posible, con base en la mejor información disponible y en datos nuevos generados por nuestras propias investigaciones. Hemos ampliado el análisis en temas de fondo en materia de inversión, acceso, calidad y equidad educativa que afectan directamente a los principales actores del sistema y proporcionamos clara evidencia de la manera como estamos abandonando acuerdos nacionales en educación forjados a lo largo de las últimas décadas».

De seguido dice que el propósito de este esfuerzo es apoyar la toma decisiones y la promoción de políticas que ayuden a atender la verdadera emergencia que se vive en la educación nacional y faciliten el rediseño de dimensiones estratégicas de nuestro sistema.

El mandato del Informe Estado de la Educación en 2004, establece que el Presidente de la República solicitó al Consejo Nacional de Rectores (Conare) contribuir con el diseño de una política de Estado en materia de Educación.

Tras examinar diversas opciones, el Conare tomó la decisión de llevar adelante una iniciativa permanente denominada Informe Estado de la Educación, que tendría como principal objetivo proveer a la sociedad costarricense de un conocimiento relevante, actualizado y oportuno sobre el desempeño nacional en este ámbito.

Retroceso de la educación en Costa Rica

Da cuenta que entre 2021 y el inicio de 2023, nuevas caídas de la inversión per cápita en educación hicieron retroceder al país hacia los niveles que se tenía diez años atrás.

Acusa que hubo un deterioro de los salarios reales del magisterio, recortes en los programas de equidad, en la construcción y mantenimiento de infraestructura y en el desarrollo profesional docente.

En cuanto al ámbito de la gestión, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha sido incapaz de planificar y ejecutar planes remediales para el “día después” del apagón y no ha logrado sentar las bases para una recuperación futura.

«Han primado, por el contrario, cambios de rumbo que generan incertidumbre en áreas clave como la macroevaluación, la informática educativa y la educación técnica. La gestión educativa está incumpliendo y omitiendo cada vez más los acuerdos nacionales en el ámbito educativo, forjados a lo largo de décadas, que establecían un norte para la política pública».

«Y, finalmente, se han arraigado los graves rezagos y pérdidas en los aprendizajes básicos de las cohortes de estudiantes que ya salieron y las que transitan por el sistema, sin perspectiva de mejora para ellas ni para las nuevas generaciones que están por iniciar su escolarización», resume.

Además, identifica que el sector educativo enfrenta una coyuntura decisiva ante este sendero de involución que conduce a una educación de menor calidad y accesos cada vez más excluyentes para amplios segmentos de la población.

«De no modificarse, esta ruta tendrá fuertes impactos negativos sobre las personas y sobre las aspiraciones nacionales de desarrollo humano. La disyuntiva es sencilla de enunciar, pero crucial: aceptar la situación como inevitable o modificarla», advierte.

Ante ese dilema, el Informe llama a tratar la crisis en los ciclos iniciales del sistema educativo como si fuera una emergencia nacional, en el sentido de que requiere ser atendida con extrema urgencia por medio de acciones inmediatas e impostergables.

Por ello, propone implementar medidas para mitigar los daños ya infligidos a las cohortes actuales y disminuir los riesgos para las y los niños que están por ingresar. Las decisiones de hoy moldearán el futuro del país y pueden ayudar a evitar —o bien agravar— daños intergeneracionales difíciles de reparar».

«Hay una importante diferencia entre esta llamada a actuar con extrema celeridad y una declaratoria de un “estado de necesidad y urgencia” que la Constitución y las leyes facultan al Poder Ejecutivo emitir en casos de emergencia. Entenderla es de suma importancia para evitar errores políticos y legales».

Llama la atención de que «una declaratoria de este tipo no es requisito para actuar sin dilación a fin de mejorar la situación educativa y, además, reñiría con el marco constitucional: en Costa Rica el Ejecutivo solo puede aprobar una declaración de emergencia ante un desastre natural o una calamidad pública temporal».

«La crisis educativa, que es de carácter estructural, no calza con ninguno de estos supuestos, pese a su gravedad e importancia estratégica. El llamado que el Informe hace de actuar con extrema urgencia se debe encuadrar, pues, dentro del marco legal y reglamentario vigente, o por reformas a este marco, mediante las vías previstas por la Constitución Política. Esta es una consideración recalcada reiteradamente por la jurisprudencia constitucional. Es con la institucionalidad que debe gestionarse la gravísima situación actual, no al margen de ella», propone.