Buenos Aires, 1 sep (Sputnik).- Argentina llega este viernes al primer aniversario del intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sin que la justicia haya condenado todavía a los procesados y sin que haya podido dilucidar la trama de responsabilidades de uno de los peores atentados que vivió la nación sudamericana desde el regreso de la democracia en 1983.
Referentes políticos y sociales han cuestionado la falta de avances en la causa que instruye la investigación, a la espera de que se convoque el juicio oral de una parte del expediente en el que están procesados el autor material del atentado y su pareja, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
«La causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho», sostuvo el presidente, Alberto Fernández, en las redes sociales
Más allá de sus diferencias con la vicepresidenta, el jefe de Estado afirmó que el intento de magnicidio «fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática».
Para que Argentina preserve su institucionalidad, a 40 años del fin de la última dictadura (1976-1983), se requiere «que la justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia», sentenció el mandatario.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Axel Kicillof, uno de los principales referentes del peronismo, observó que se cumple «un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto».
Entidades sociales, políticas y gremiales, como la Asamblea Feminista de la capital argentina, la Corriente Federal de los Trabajadores o una corriente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se movilizan este viernes para reclamar justicia, bajo el lema: «Con violencia política no hay democracia».
Entre tanto, la agrupación La Cámpora, organización que responde a la vicepresidenta, proyectó en la noche del jueves un documental que también puede encontrarse en Internet, llamado «La bala que no salió y el fallo que sí saldrá», que cuenta con imágenes inéditas del atentado.
Situación judicial
Hace ya casi tres meses que la jueza federal del caso, María Eugenia Capuchetti, envió a juicio oral el tramo del expediente en el que también está involucrado como partícipe secundario Nicolás Gabriel Carrizo, jefe de la banda a la que pertenecen Sabag y Uliarte, que están acusados de ser coautores de tentativa de homicidio.
Los tres procesados se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que el Tribunal Oral Federal 6, que funciona desde hace dos años y medio con jueces subrogantes (sustitutos) a falta de magistrados titulares, fije una fecha para el inicio del debate oral.
La querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se ha mostrado disconforme con la actuación de Capuchetti, cuya remoción ha solicitado en vano, y con Carlos Rívolo, el fiscal federal que está a cargo de la investigación desde noviembre de 2022, cuando la magistrada le cedió la instrucción de la pesquisa.
Hace solo unos días, el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, también rechazó apartar de la causa a este fiscal, para quien «toda la prueba (…) revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos», según sostuvo al requerir que el caso fuera elevado a juicio.
Antes del atentado, Sabag Montiel, de 36 años, y Uliarte, de 24, habían realizado varias apariciones ante móviles de televisión en las que criticaban al Gobierno presidido por Alberto Fernández.
Dos semanas antes del intento de magnicidio, Uliarte participó incluso en una marcha frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, organizada por un grupo radicalizado de ultraderecha que se llama Revolución Federal y que llevó a la manifestación antorchas y una guillotina de madera.
La querella de la vicepresidenta insiste en que se investigue a esta agrupación por considerar que está vinculada al atentado, ya que su líder, Jonathan Morel, recibió sumas millonarias por supuestos trabajos de carpintería de parte de la empresa Caputo Hermanos, vinculada a la familia del exministro de Finanzas del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Luis Caputo.
Sin que todavía hayan tenido una respuesta favorable, los abogados de la exmandataria solicitaron en julio la declaración indagatoria de Rossana Caputo, quien realizó los pagos a Morel, procesado por incitación a la violencia colectiva en el marco de otra causa.
Bajo investigación
Otra parte del expediente trata de dilucidar si el intento de homicidio contra la exmandataria fue un hecho aislado o hubo un autor intelectual detrás del ataque.
La Cámara de Diputados autorizó a mediados de agosto el secuestro de los dispositivos móviles de un diputado opositor de la alianza Juntos por el Cambio (centroderecha), Gerardo Milman, después de que un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, revocara la decisión de la jueza Capuchetti de no adoptar esta medida solicitada por la defensa de la vicepresidenta.
El congresista quedó en la mira después de que un asesor de la coalición gobernante Frente de Todos (centroizquierda) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentara ante la jueza Capuchetti en septiembre de 2022 y asegurara que había escuchado al legislador referirse al atentado dos días antes de que sucediese.
«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», le habría oído decir a Milman, quien fue viceministro de Seguridad durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando manejó la mesa de inteligencia, en un bar cercano al Congreso argentino, llamado Casablanca.
El atentado contra Cristina Fernández tuvo lugar a las puertas de su casa, en el barrio Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, en la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel gatilló una pistola semiautomática cargada con cinco balas a centímetros del rostro de la vicepresidenta, sin que ningún proyectil saliera de la recámara. (Sputnik)
