San José, 11 sep (Elpaís.cr).- Una petición en línea firmada por 51.926 personas de todo el mundo, solicita a la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, “implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno.
Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.
Ver: Firma la petición
La petición fue impulsada por Isabel Méndez, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil.
Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace casi un año.
Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago (ucr.ac.cr).
Si bien se desconoce desde cuando está contaminada el agua, la misiva firmada asegura que “Desde hace 9 años varias mujeres de Cipreses y yo (Isabel) hemos estado luchando para que se prohíba, y ahora finalmente estamos logrando lo que tantas veces nos pareció imposible: ¡La sala constitucional de Costa Rica le ha dado seis meses al Poder Ejecutivo para prohibir el clorotalonil!” Sin embargo, los miles de personas firmantes aseguran que “el gobierno podría retrasar la prohibición si no sienten presión”.
Han sido años difíciles en Cipreses como cuenta Isabel: “además de no tener suficiente agua, mi hija Fiorella tuvo pólipos a los 16 y ahora ha perdido su olfato y gusto. Mi vecino tiene cáncer en la lengua, y a varias personas jóvenes les han diagnosticado cáncer estomacal. No es normal tener tanta enfermedad en un pueblo tan pequeñito, y desde que las pruebas de laboratorio confirmaron que el agua está contaminada, el gobierno nos ha dicho que no debemos tomar el agua del grifo”.
Además, como es cada vez más común en la región Latinoamericana, las personas defensoras del ambiente, aseguran que: “hay grupos locales que con el apoyo de la industria agroquímica nos han acosado, intimidado y amenazado de muerte por nuestro activismo”.
Eso no asusta a Isabel ni a su grupo Frente Eco Cipreses pues insiste que “seguimos luchando porque el problema va más allá de Cipreses: ya sabemos que hay otras nacientes contaminadas, en zonas donde se cultiva el 80% de los vegetales que consumen la población de Costa Rica, y es probable que haya muchas más. No podemos seguir dejando que Syngenta use a países de América Latina y África de basureros químicos para botar productos que por ley ya no pueden vender en Europa”.
Este año se denunció que una comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago.
Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
La petición es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.
