lunes 29, abril 2024
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El partido de Arévalo denuncia a altos mandos de la Fiscalía y a un juez por «abuso de autoridad»

Ciudad de Guatemala, 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha formalizado denuncias contra varios miembros de la Fiscalía, incluida la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana, a los que acusa de cometer un «abuso de autoridad con propósito electoral» tras las medidas y registros emprendidos en los últimos meses.

El propio Arévalo adelantó el martes esta iniciativa, al considerar que Orellana, Porras y otros mandos fiscales como el responsable la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y la auxiliar Cintia Monterroso «han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral».

El Movimiento Semilla ha informado en redes sociales de la presentación de querellas contra todos ellos, así como una solicitud de antejuicio dirigida contra la fiscal general, con vistas a que pueda perder la inmunidad de la que goza por su actual cargo.

«Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto agresivo a la Constitución y detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas», reclamó Arévalo, que ha suspendido temporalmente su participación en el proceso de transición para el traspaso del poder en enero.

Desde que Semilla diese la sorpresa en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, lo que ha sido recibido con críticas desde la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea.

La última polémica deriva de un registro de la Fiscalía en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el que los agentes abrieron cajas con votos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha asegurado que esta operación vulnera la cadena de custodia del voto y pone en riesgo todo el proceso democrático.

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