Ciudad de Guatemala, 14 oct (Sputnik).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió el viernes la liberación del acueducto Xayá Pixcayá, tomado por pobladores de la zona tras enfrentamientos con la Policía, en el marco de un paro cívico iniciado la semana pasada en defensa de la democracia.
«Seguiremos con el diálogo, pero necesitamos que la contraparte demuestre su buena fe, que liberen el agua como muestra de buena fe», dijo Giammattei en cadena nacional, en la que afirmó además que carece de la potestad para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, como demandan los manifestantes.
Agregó que hay cinco hospitales del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, unidades de salud y decenas de hospitales privados que enfrentan dificultades con el abastecimiento de agua, lo cual puede poner en riesgo la vida de los guatemaltecos.
Giammattei solicitó a los ocupantes del acueducto liberar sus instalaciones en un gesto de buena voluntad y les advirtió que de lo contrario están a la espera de una orden judicial, solicitada por las autoridades capitalinas, para proceder de inmediato a desalojarlos.
El presidente, quien termina su mandato el próximo 14 de enero, reiteró la voluntad de su gobierno de continuar el diálogo con las organizaciones indígenas que convocaron el paro, aunque dio detalles de las razones constitucionales que le impiden atender su reclamo de destitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Dijo que tras el diálogo del jueves «con ocho representantes de las autoridades ancestrales en cumplimiento de mi compromiso con ellos, hoy se han girado los oficios correspondientes al Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad para que lo reciban y escuchen lo que tienen que decirles».
Giammattei invitó también a los manifestantes a acatar una resolución de la Corte Constitucional sobre las limitaciones que tiene el derecho a la manifestación, ya que -dijo- los bloqueos violan otros derechos.
Les solicitó en ese sentido liberar la menos el 50 por ciento de las rutas bloqueadas y aseguró que ya el daño hecho al país es irreversible.
Tras el diálogo, las organizaciones de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán el paro por tiempo definido, aunque adelantaron que buscarán formas de solucionar el conflicto.
Los manifestantes demandan además de la renuncia de Porras, las del fiscal especial Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes acusan de las acciones para anular la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del 25 de junio último y la segunda ronda del 20 de agosto. (Sputnik)
