Ciudad de Guatemala, 28 oct (Prensa Latina) El Frente Ciudadano por la Democracia se sumó hoy a la solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de extender la fecha del cierre del proceso comicial hasta 15 de enero de 2024.
Ante la sede del ente encargado de los sufragios, la iniciativa integrada por colectivos y organizaciones sociales remarcó que existen amenazas e intimidaciones que buscan atentar contra las votaciones del 25 de junio y 20 de agosto pasados.
Debido a que el plazo fijado concluye este 31 de octubre, el movimiento expresó que aprobar la excepcionalidad prevista en Ley garantiza la recuperación de las actas secuestradas por el Ministerio Público (MP).
Además, acotó, apoyaría a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos, evitaría su falsa criminalización y proveería tranquilidad a los magistrados del TSE el acoso del la que ha sido víctima y el que pudiera sobrevenir a futuro.
La magistrada Blanca Alfaro, al asumir el jueves último como presidenta del TSE hasta enero de 2025, aseguró que en tres días el pleno resolvería todas las solicitudes pendientes.
Entre estas, destaca la ampliación del proceso comicial, el cual –según analistas- preservaría la defensa de la democracia que desde hace 27 jornadas consecutivas libran pueblos indígenas y organizaciones sociales en las calles.
Desde antes de las protestas, partidos políticos y otros sectores de la sociedad civil realizaron igual petición al TSE como una de las vías para blindar el proceso electoral y la voluntad popular.
Las organizaciones que integran Alianza por las Reformas dos días atrás se sumó a solicitar públicamente alargar el periodo electoral hasta el 15 de enero de 2024.
El MP, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar el Centro de Operaciones y la sede del TSE por presuntas irregularidades en las votaciones, con el secuestro de actas, lo cual provocó esta situación inédita en la nación.
Autoridades indígenas mayas convocaron el pasado día 2 a movilizaciones y bloqueos de vías, aunque la semana pasada decidieron cambiar la estrategia y presionar ante la sede del ente investigativo.
Exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y varios de sus funcionarios, señalados de promover un golpe de Estado contra los ganadores de las elecciones, sin resultados visibles por lo pronto.
