Ciudad de Guatemala, 29 nov (Prensa Latina) La Comisión del Congreso (unicameral) de Guatemala encargada de analizar la compra del sistema informático empleado en los comicios pasados recomendó hoy retirar la inmunidad a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Al concluir con el informe que presentará ante el Pleno del Legislativo, señaló a Irma Palencia (anterior presidenta del ente rector de los sufragios), Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilera y Mynor Franco, quienes no cuentan con amparo de la Corte Constitucional (CC).
El presidente de la Comisión Pesquisadora, diputado Enrique Montano (Unionista), explicó que esta postura que refleja el texto se tomó con tres votos a favor y dos en contra de parte de los cinco integrantes.
En relación con la decisión adoptada por los legisladores (además Douglas Rivero (FCN-Nación), Julio Longo (Elefante), Flavio Muñoz (Humanista) y Osmundo Ponce (URNG), precisó que cada uno se basó en los argumentos escuchados durante los 10 días de audiencias.
Destacó que su voto fue en contra de que se despoje a las autoridades electorales de su derecho de antejuicio, pues consideró que el análisis del caso se hizo en un tiempo muy corto, lo que generó ciertos “vacíos legales”.
Descartó que pueda tomar una postura si no tiene la información pertinente, “esto fue apresurado”, “hubo mucha papelería que yo pedí y por el tiempo no me la pudieron entregar”, aseveró Montano.
“Siento que los derechos de las personas pueden ser violados”, afirmó el congresista, cuyo órgano escuchó el viernes último a los abogados Geovanny Fratti y a Karen Fisher, quienes interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público (MP).
Además, esta semana a los propios magistrados implicados, así como a la empresa empresa Datasys, contratada para prestar el servicio de Trasmisión de Resultados Electorales.
La CC amparó antes provisionalmente a la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y a los suplentes Marlon Barahona, Álvaro Cordón y Antonio Cornejo.
Así canceló el trámite de antejuicio en contra de ellos, promovido por el MP al vincularlos con supuestas irregularidades en la adquisición del sistema informático.
La CC acotó en su resolución que Alfaro rechazó en su momento la compra de este programa, mientras que los magistrados suplentes no participaron en el proceso de compra.
Actualmente, funcionan otras dos comisiones pesquisidoras del Congreso; una contra el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, y la siguiente contra el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado.
Una tarea pendiente, presumiblemente a determinar mañana por los diputados, es la aprobación del Presupuesto de la Nación 2024.
Desde finales de octubre último este cuenta con un dictamen favorable por 124 mil 880 millones de quetzales (casi 16 mil millones de dólares), el más alto de la historia.
