Londres, 6 Dic. (EUROPA PRESS) – La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad iraníes han utilizado «impunemente» la violación y otro tipo de agresiones sexuales contra manifestantes pacíficos durante las protestas que se celebraron en 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por llevar mal el velo.
«Nuestra investigación pone al descubierto el uso de la violación y otra violencia sexual por parte de agentes de inteligencia y de seguridad de Irán para torturar, castigar e infligir daños físicos y psicológicos duraderos a las personas que se manifestaban, entre las que había menores hasta de 12 años», dice Amnistía.
En su último informe ‘Me violaron violentamente: la violencia sexual utilizada como arma para aplastar el ‘Mujer Vida Libertad’ de Irán’, Amnistía ha recopilado casi medio centenar de testimonios que dan cuenta del patrón de violencia sexual que se ha generalizado en los centros de detención.
«Fiscales y jueces de Irán no sólo fueron cómplices al ignorar u ocultar las denuncias de violación, sino que además utilizaron ‘confesiones’ presuntamente obtenidas mediante tortura para presentar cargos falsos», ha denunciado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard.
Amnistía ha denunciado que entre los perpetradores de estos crímenes hay agentes de la Guardia Revolucionaria, de las milicias Basij y del Ministerio de Inteligencia, así como de los diferentes cuerpos policiales
«Algunas personas supervivientes eran mujeres y niñas que se habían quitado el hiyab en un gesto desafiante, y hombres que habían salido a la calle para expresar su indignación ante décadas de opresión y discriminación de género», cuenta la ONG.
Violaciones en centros de detención
Amnistía ha recopilado en este último informe un total de 45 casos de víctimas de este tipo de abusos –26 hombres, 12 mujeres y 7 menores de edad–. Algunos son especialmente «espeluznantes», como los de cuatro mujeres y dos hombres que sufrieron una violación en grupo a manos de hasta 10 agentes varones.
«Agentes del Estado violaron a mujeres y niñas vaginal, anal y oralmente, y a hombres y niños analmente. Los agentes llevaron a cabo las violaciones con sus órganos sexuales y sus dedos o con porras metálicas y de madera, botellas de cristal y mangueras», relata Amnistía.
En otros casos, las agresiones sexuales se limitaban golpes y humillaciones de todo tipo. «La violación y otra violencia sexual fueron acompañadas con frecuencia de tortura y malos tratos, como palizas, azotes, descargas eléctricas, inyección de medicamentos no identificados, privación de comida y agua, y condiciones de reclusión crueles e inhumanas», cuenta.
Sin vistas ante la justicia
Amnistía ha denunciado que la mayoría de estas víctimas ha descartado presentar denuncia por estos hechos ante la nula expectativa de que puedan prosperar al menos en Irán, donde temen además represalias en caso de alzar la voz.
Aquellos casos en los que han protestado por lo sufrido fueron o bien ignorados o respondido con amenazas que ponían en riesgo tango su seguridad como la de sus familiares, por lo que acabaron retirándolas.
Estos crímenes, alerta la ONG, ha dejado importantes secuelas físicas y psicológicas sobre quienes los sufrieron. La madre de un menor que fue violado ha contado a Amnistía que su hijo ha intentado ya en varias ocasiones suicidarse.
«Yo era una persona luchadora. Incluso cuando la República Islámica intentó que me desmoronara, yo seguí adelante. Pero últimamente pienso mucho en el suicidio», ha contado Sahar, una joven que fue manoseada y humillada en un centro de detención, entre amenazas de que sería violada.
Amnistía concluye denunciado una vez más que la «lamentable incapacidad y falta de voluntad» de las autoridades de justicia iraníes para investigar los crímenes contra el Derecho Internacional que se cometen seguirá propiciando que en el futuro se sigan repitiendo este tipo de hechos.
«Sin perspectivas de justicia en el ámbito nacional, la comunidad internacional tiene la obligación de ponerse de parte de las personas supervivientes y procurar que obtengan justicia», ha expuesto Callamard.
«Pedimos a los Estados que abran investigaciones criminales en sus países contra los presuntos perpetradores en virtud del principio de jurisdicción universal, con miras a dictar órdenes internacionales de detención», ha reclamado.
