Montevideo, 26 dic (Sputnik).- El narcotraficante Sebastián Marset volvió a convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades uruguayas en 2023 luego de conocerse que varios altos funcionarios del Gobierno intentaron ocultar información sobre la polémica entrega de un pasaporte que le permitió quedar en libertad. La maniobra terminó siendo un tiro en el pie para el Ejecutivo, que perdió a dos de sus ministros más importantes y uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la República.
El año anterior, la entrega de un pasaporte a Marset mientras estuvo detenido en los Emiratos Árabes Unidos en 2021 por viajar con documentación falsa generó un escándalo que terminó en una interpelación al canciller y al ministro del Interior en el Parlamento y la renuncia de la vicecanciller, Carolina Ache.
El abogado de Marset, señalado como posible autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Colombia, habría presionado a las autoridades para acelerar la emisión del documento.
Este año, la divulgación de los audios habilitó la idea de una conspiración, además de poner en entredicho lo que los entonces ministros defendieron a capa y espada en el Parlamento. Si bien desde el Gobierno se afirma que todo se hizo según la norma, las renuncias de los principales funcionarios involucrados hablan por sí solas.
Tanto el entonces canciller, Francisco Bustillo, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y sus segundos, dijeron en el Parlamento que en el momento de expedir el pasaporte no sabían quién era Marset y que el documento fue entregado de manera legal.
Pero los audios mostraron que varios de los funcionarios estaban al tanto de que Marset era un narcotraficante «peligroso». Y también que Bustillo sugirió a su vice «perder» el teléfono celular con conversaciones que sostuvieron con el entonces viceministro del Interior, Guillermo Maciel, sobre el pasaporte.
Además se supo de reuniones entre varios jerarcas, de la eliminación de documentación y de una estrategia para no entregar conversaciones privadas a la justicia, que había comenzado a investigar el caso.
También cayó el asesor de comunicación de la Presidencia, Roberto Lafluf, una de las personas más cercanas al jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, y quien fue el encargado de destruir documentación que involucraba a los funcionarios.
Luego de las renuncias, todos fueron respaldados por el presidente, quien dijo que ninguno tenía responsabilidad porque un decreto de 2014 obligaba al Estado a expedir el pasaporte, ya que Marset no tenía causas abiertas en el país.
La emisión del pasaporte y las posteriores conversaciones y reuniones de los funcionarios fueron duramente criticadas por la oposición, pero también por integrantes de la coalición de Gobierno.
El narco uruguayo es buscado por más de 100 países y se lo acusa de liderar una organización criminal con sede en Paraguay.
Prófugo
El paradero de Marset tras dejar Emiratos Árabes Unidos fue una incógnita hasta julio de este año, cuando escapó de la policía boliviana en la ciudad de Santa Cruz, donde jugaba en un club de fútbol profesional sin esconderse, aunque utilizando un nombre falso.
Poco antes de ser detenido huyó junto a su esposa e hijos y las autoridades bolivianas dijeron que sospechan que alguien le avisó sobre el procedimiento.
En declaraciones recientes a un canal de televisión uruguayo, cuya reportera viajó a Paraguay para entrevistarlo, Marset afirmó que un alto cargo le avisó que estaban por detenerlo y que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, recibía dinero del narco.
Las autoridades paraguayas negaron poseer información de que el traficante se encontrara en su territorio, pero admitieron que tampoco tienen control sobre viajes como el de la reportera, que tras llegar a ese país fue subida a dos avionetas sin que se le dijera a dónde la estaban trasladando.
Sin embargo, la policía destituyó al jefe de Gabinete de Interpol luego de que se descubrieran irregularidades en el levantamiento de la alerta roja que pesaba sobre el secretario de Marset, José Estigarribia, y la pareja del prófugo, Gianina García Troche.
La policía también detuvo a tres agentes de Interpol en Paraguay en el marco de la investigación sobre quién ocultó las alertas.
El «escándalo Marset» quizás haya sido el sacudón político más importante del año para un Gobierno uruguayo que ya tiene varios candidatos en campaña electoral para los comicios de octubre de 2024. Y que sabe que este será un asunto central en el debate público del próximo año. (Sputnik)
