Caracas, 1 mar (Sputnik).- El Gobierno venezolano rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar los argumentos de la nación caribeña contra la reanudación de una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano, tras considerar que responde a intereses políticos.
«Venezuela rechaza la infundada decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, la cual responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», señalaron las autoridades en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil.
La CPI autorizó este viernes al fiscal Karim Khan a seguir las investigaciones como parte del caso abierto en noviembre de 2021, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Al respecto, la administración de Nicolás Maduro señaló que Caracas presentó información sobre los casos investigados y sanciones por la justicia del país.
«Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos, que como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la constitución», afirmaron las autoridades.
Además, reiteraron que como Estado soberano tiene derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en los tribunales internos, sin injerencias externas.
«Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio soberano», indicaron.
El Gobierno lamentó que «mientras el mundo observa con horror cómo el pueblo palestino es víctima de un cruento genocidio ante la inacción de la burocracia internacional llamado a impedirlo o detenerlo, la Corte Penal Internacional hay optado por invertir su tiempo y los escasos recursos disponibles para seguir adelante con acciones que claramente desnaturalizan su razón de ser».
En junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó reanudar la investigación sobre la situación Venezuela I, como se denomina el caso en contra de este país.
En respuesta, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló esa autorización en el mismo mes de junio.
En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Posteriormente, en noviembre de 2021, Khan sostuvo una reunión con Maduro en Caracas, desde donde anunció que la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, luego de concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.
En ese entonces, Maduro y la CPI acordaron establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes. (Sputnik)
