Buenos Aires, 12 mar (Sputnik).- El Gobierno argentino anunció este martes que iniciará acciones diplomáticas contra Venezuela a raíz de la decisión del Ejecutivo de Nicolás Maduro de impedir el uso del espacio aéreo de su país a aeronaves de la nación sudamericana.
«Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela tras su decisión de impedir el uso aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país», informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
El Gobierno venezolano actuó en «represalia», según el portavoz presidencial, después de que la actual gestión que preside Javier Milei aceptara la orden de confiscación emitida por la justicia estadounidense de una aeronave de la Empresa de Transporte Aerocargos del Sur (Emtrasur), filial de la estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
El avión confiscado es un Boeing 747-300, con matrícula YV 3531, que Venezuela compró a la empresa iraní Mahan Air y que Estados Unidos se llevó embargado el 12 de febrero, después de que el aparato estuviera inmovilizado desde junio de 2022 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires (este).
La decisión de Caracas afecta los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas que tienen por destino Punta Cana, en República Dominicana, y Nueva York, de manera que ahora deben desviarse y atravesar Guyana
El portavoz del presidente argentino aseguró que la aeronave estaba «vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán», y que Argentina no se dejaría «extorsionar por los amigos del terrorismo».
Argentina envió dos notas de protesta a Venezuela y también decidió presentar un escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo bajo la órbita de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El Boeing que aterrizó en Argentina el 6 de junio de 2022, y que transportaba piezas de automóvil para la marca alemana Volkswagen, intentó dos días después volar a Uruguay para cargar combustible, pero el Gobierno de Luis la Calle Pou le denegó el acceso al espacio aéreo del país.
En un principio, el juez federal argentino que intervino, Federico Villena, retuvo a la tripulación de la nave, integrada por quince ciudadanos venezolanos y cuatro iraníes, pero finalmente fueron liberados por falta de evidencia del delito de financiación de actividades terroristas.
Caracas definió como un «robo descarado» la confiscación de la aeronave, en lo que consideró una violación «todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa».
La aeronave venezolana fue desguazada a finales de febrero en el aeropuerto de Transición y Entrenamiento Dade-Collier, a 58 kilómetros de Florida, Estados Unidos. (Sputnik)
