Buenos Aires, 25 mar (Sputnik).- Son víctimas, y han recorrido más de 10.000 kilómetros para buscar justicia en Argentina, porque España se niega a investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y la Transición que siguió a su fallecimiento (1975-1978).
Entre el 16 y el 24 de marzo, una veintena de personas, entre querellantes, investigadores, especialistas de diversas disciplinas y hasta eurodiputados, viajaron a Buenos Aires para declarar ante la única jueza del mundo que investiga los crímenes del régimen franquista, María Servini.
Durante estos días, la delegación de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) facilitó pruebas que apuntan a consolidar el carácter de lesa humanidad de los delitos perpetrados durante la dictadura española y la Transición.
Los documentos y testimonios aportados pueden ser determinantes para lograr de nuevo el procesamiento del exministro franquista Rodolfo Martín Villa, que ya lo estuvo por cuatro homicidios agravados cometidos entre 1976 y 1978 hasta que el máximo tribunal penal de Argentina, la Cámara Federal de Casación, ratificó en diciembre de 2022 la revocación de su procesamiento.
Lucila Aragó, integrante de la comitiva de Ceaqua, fue una de las primeras en declarar la semana pasada ante la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la capital argentina.
«Yo había denunciado en 2014 las torturas de las que fui objeto en 1975. Como hice la denuncia a través del consulado argentino, ahora he venido a dar mi testimonio», contó a la Agencia Sputnik. «También presenté mi querella en el Estado español, donde ha transitado los juzgados hasta el Tribunal Constitucional con un éxito arrollador, porque nadie quiso mirarla: fue inadmitida».
Rosa García Alcón es otra víctima de la dictadura española que fue torturada a manos del fallecido inspector de policía Antonio Pacheco, conocido como ‘Billy el niño’.
Esta mujer, presidenta de la Comuna, una asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, reconocía el jueves su impotencia de tener que desplazarse hasta la nación sudamericana para obtener justicia.
«Nos obligan a venir aquí, ante un Estado español que sigue impidiéndonos acceder a la justicia», sostuvo durante una rueda de prensa que brindaron los querellantes de la causa en Buenos Aires.
Pruebas concluyentes
En total 14 personas han brindado su testimonio por estos días ante María Servini. Como ellos ahora, otros querellantes y víctimas del franquismo viajaron hasta Buenos Aires en los últimos años para entrevistarse con la magistrada, ante la imposibilidad de que la justicia española, que se ampara en una ley de Amnistía de 1977, investigue sus denuncias.
Los exhortos que la jueza argentina envía a España, el último en febrero de este año, «duermen el juicio de los justos», en un contexto en el que los fiscales y los jueces españoles se muestran renuentes a indagar en los delitos del régimen franquista, aseveró a esta agencia el abogado argentino Eduardo Fachal.
«Las rogatorias de la jueza están siendo frenadas, así que por eso les solicitamos que viajaran y ellos decidieron venir para reforzar la causa», explicó el letrado.
Otro obstáculo que se han encontrado los querellantes es que los consulados argentinos, que fueron habilitados desde 2014 a recoger las denuncias de víctimas del franquismo, ya no toman declaraciones testimoniales.
Por eso Ceaqua ha demandado a la jueza que vuelva a citar a la docena de imputados que quedan vivos, de los 20 acusados originales, cuya orden de extradición solicitó la magistrada en 2014, sin éxito.
La delegación proveniente de España también ha aportado información que puede ser clave. Manuel de Juan, investigador y director del documental «Las tres muertes de Teófilo del Valle», descubrió y sacó a la luz las pruebas que incriminaban a un policía, Daniel Aroca del Rey, en el asesinato de un joven de 20 años en febrero de 1976, durante una manifestación por una huelga del calzado en la localidad alicantina de Elda (este).
«El caso de Teófilo lo hemos descubierto ahora porque hemos tenido acceso a los archivos militares donde están las pruebas, las cuales demuestran que no fue un disparo casual, sino una persecución por las calles de la ciudad», contó el realizador del documental a esta agencia.
Seis tiros acabaron con la vida de Teófilo del Valle, que fue abatido por la espalda.
En la documentación que encontró De Juan en el Ministerio de Defensa, «aparecen las pruebas que incriminan a la Policía Armada y a toda la escala de mando» y que intentaron eliminar el Ministerio del Interior y la propia judicatura, antes de que un tribunal militar exonerase al homicida por «obrar en cumplimiento del deber».
En su fallo favorable a Martín Villa, Casación encomendó a Servini que justificara el plan sistemático de exterminio en que se enmarcan los crímenes del franquismo y que dictara «un nuevo procesamiento ajustado a derecho» en el caso del exministro franquista.
Y a eso se han abocado, al comparecer ante la jueza como el resto de querellantes y víctimas, dos arqueólogos forenses, tres peritos expertos y una psicóloga especialista en el Protocolo de Estambul, el primer manual internacional de investigación para documentar la tortura y otros tratos degradantes.
Junto a estos testimonios, también se aportan varios informes periciales «para darle contexto a lo que es la querella argentina, en las que hay diversas implicaciones de crímenes cometidos por el franquismo también en la Transición», afirmó Fachal.
«Toca exhumar al franquismo de las instituciones, y eso solo se consigue desde el acceso a la justicia», sostuvo el jueves durante la rueda de prensa el eurodiputado Miguel Urbán, hijo de un represaliado durante el franquismo, Luis Miguel Urbán, que fue torturado por Billy el Niño.
Su reclamo fue contundente: que la jueza vuelva a cursar las órdenes de extradición que hace diez años rechazó el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) ante el actual Ejecutivo de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez.
España ha obstaculizado esta causa desde su inicio, en 2010, al desoír cualquier exhorto o pedido de información solicitada por la querella o por la justicia argentina. (Sputnik)
