San Salvador, 4 mar (Prensa Latina) Organizaciones sociales de El Salvador empeñan hoy esfuerzos para el cierre del caso contra varios líderes ambientales de Santa Marta, Cabañas, acusados de un presunto asesinato el siglo pasado.
Los demandantes pidieron al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que desista del proceso contra los cinco líderes ambientales locales y de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES).
Ante los reiterados llamados que se remontan a 2023, tras su detención no son pocos los que se pregunta que hay detrás de esta acción que algunos califican de «farsa» para esconder un tema que preocupa a los residentes en esa demarcación, el retorno a la minería.
Activistas locales opinan que detrás de la captura, lo que existe es un caso de montado por la Fiscalía General de la República (FGR) y una instrumentalización del sistema judicial para perseguir el activismo ambiental de los detenidos.
La detención de los sujetos, la mayoría exguerrilleros del Frente Farabundo Martí, responde en la práctica a su denuncia de la posible reactivación minera y la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye minería de metales y la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven esa actividad.
Las organizaciones que exigen el cese de la persecución aseveran que a más de un año de las detenciones arbitrarias, la FGR no encontró ningún elemento que demuestre la existencia de los delitos señalados y la participación de los detenidos.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, sostiene que el sistema de justicia debe cerrar el caso porque la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para que los ambientalistas sigan detenidos.
Sin embargo, la Fiscalía pretende que el expediente llegue hasta la instancia final y que se les condene por presuntamente haber torturado y asesinado a María Inés Alvarenga, en el cantón San Marta, jurisdicción de Victoria, el 22 de agosto de 1989.
El caso contra los activistas antimineros fue montado por el gobierno por su prédica contra el restablecimiento de la minería, según sostiene un informe de prensa suscrito por Héctor Silva Ávalos, en la publicación Infobae.
Santa Marta, en el departamento de Cabañas, al norte del país, está ubicada en montañas que cubren una de las vetas de oro más importantes de Centroamérica.
En la zona estuvieron representantes de la empresa minera canadiense Pacific Rim a exponer planes para abrir una mina de oro en la zona y según activistas, hay grandes presiones para que sea derogada una prohibición absoluta de la minería metálica en el país.
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa prohibió “la minería metálica en el suelo y subsuelo de la república”, según el decreto firmado dos días después.
