Quito, 8 Abr. (EUROPA PRESS) – El equipo legal del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue detenido el pasado viernes tras un asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la Embajada mexicana en Quito, ha denunciado este domingo que Glas lleva incomunicado desde hace más de 48 horas, algo que «viola los Derechos Humanos» y que hace «peligrar» su seguridad personal.
«Manifiesto una preocupación y alarma profundas debido a la total imposibilidad de establecer comunicación con nuestro defendido durante más de 48 horas. Este inaccesible contacto, extendido tanto a sus abogados nacionales e internacionales como a sus familiares, representa una infracción severa a los derechos fundamentales de Jorge Glas», reza un comunicado de la abogada internacional del ex vicepresidente Sonia Gabriela Vera García publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
La abogada ha justificado su preocupación debido a que su estado de incomunicación «viola los principios básicos de Derechos Humanos» y representa una «amenaza a su seguridad y bienestar», cuestionando la «adherencia» del sistema penitenciario del país a las leyes internacionales y la propia legislación nacional.
Vera García también ha explicado que «la gravedad de la situación» de Glas en el centro penitenciario ‘La Roca’ es peor desde la reciente exposición no autorizada de fotografías personales dentro del propio recinto.
«Este incidente, en conjunción con el historial documentado de violencia y tumultos dentro del sistema carcelario ecuatoriano, incluyendo masacres y ejecuciones extrajudiciales, refuerza la premura de nuestra demanda. Se destaca la vulnerabilidad a la que Jorge Glas está expuesto, evidenciando un riesgo significativo para su vida y bienestar», ha añadido la abogada.
Es por ello por lo que ha «exigido» la restitución de los canales de comunicación y el acceso sin restricciones, ininterrumpido y de forma segura con Glas, instando a las autoridades a actuar con transparencia y a corregir las medidas que violen sus derechos o representen «estándares inadecuados».
El equipo legal también ha solicitado el acceso de observadores internacionales independientes para verificar el estado físico y psicológico del ex vicepresidente, para el que también pide una visita de un médico facultativo sanitario designado por su propia familia.
«La acción inmediata es crítica para evitar daños irreparables a Jorge Glas. La carga de garantizar su bienestar y asegurar el pleno respeto de sus derechos inalienables recae sin ambigüedades sobre los hombros de la administración del centro penitenciario ‘La Roca’, extendiéndose al presidente, Daniel Noboa, y al Estado ecuatoriano en su totalidad», ha expresado la abogada.
Por último, sus representantes han señalado que estas peticiones «trascienden las obligaciones legales» para situarse en «el corazón de los compromisos éticos y morales del país con los Derechos Humanos, la justicia y la dignidad», insistiendo en una actuación urgente.
Este comunicado llega después de que policías y militares de Ecuador entraran por la fuerza en la Embajada de México y se llevaran detenido a Glas, que se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta.
El ex vicepresidente, cabe recordar, permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para la petición de asilo político.
Esta maniobra de Glas se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.
Tras la declaración como ‘persona non grata’ a la embajadora mexicana en Quito y su posterior expulsión del país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su país concedería finalmente asilo político a quien fue vicepresidente de Ecuador con Rafael Correa durante diez años, el detonante de esta crisis diplomática que ha estallado con la entrada de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México.
