Ciudad de Panamá, 5 mar (Prensa Latina) Diversas críticas se acrecientan hoy tras el anuncio del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre la inminente firma de un controversial contrato con la empresa Minera Panamá.
El mandatario precisó la víspera en un recorrido por la occidental provincia de Veraguas que el pacto que negocian el Ejecutivo y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum desde el año pasado, está por suscribirse y queda apenas un punto, sin ofrecer más detalles.
A juicio del mandatyario, las conversaciones no han avanzado a la velocidad que esperaban, pero primero está el interés por lograr un beneficio para todos los panameños.
El gobierno y la minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no llegó a concretarse con una firma, lo cual llevó al Gobierno a ordenar el cierre de las operaciones, medida impugnada por la compañía.
La firma llegó incluso a anunciar el pasado 23 de febrero el inicio de la desmovilización parcial de su fuerza laboral, poco más de ocho mil trabajadores y contratistas.
La suspensión de labores, señalaron, fue resultado de la orden de la Autoridad Marítima de Panamá(AMP), que desde el 6 de febrero detuvo el trasiego de conce ntrado de cobre en el puerto internacional de Punta Rincón (norte), en la provincia de Colón.
Para el gobierno la minera recurre a tácticas dilatorias en el proceso de firma de un nuevo contrato, el cual garantizaría un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares al Estado, por regalías ( 10 veces más que el pacto anterior).
Mientras las organizaciones sociales y ambientalistas reclaman una explicación transparente sobre este asunto por parte de los dos últimos gobierno y de la Corte Suprema de Justicia, que declaró institucional el pacto en 2017.
Incluso, según el diario El Periódico de Panamá, la administración de Juan Carlos Varela(2014-2019 ), a sabiendas de este recurso legal y la sentencia, fue más allá, al extender la vigencia del contrato hasta el 2035.
El actual Ejecutivo, asevera el rotativo, permitió por su parte, que la empresa continuara operando ilegalmente y usufructuando los recursos minerales que pertenecen a todos los panameños, además que no aclara sobre la supuesta participación de otros Estados en las acciones de Cobre Panamá.
La mina de cobre de la región, instalada en la localidad de Donoso, Colón, aporta aproximadamente el 5,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del istmo y representa además el 75 por ciento de la exportación de bienes además de generar unos 40 mil empleos, según estadísticas de la empresa.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield ha insistido en exigirle al jefe de Estado que intervenga la compañía, pues viola la orden dada desde diciembre del pasado año de cese de operaciones comerciales.
De su parte, voceros de organizaciones populares califican de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional hace cinco años.
