Ciudad de México, 1 sep (Prensa Latina) Un fuerte golpe recibió el opositor Frente Amplio por México de un tribunal que ordenó mantener como reo al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia.
Ese exfuncionario del Partido Acción Nacional fue nombrado hace unos días jefe de seguridad nacional del Frente, a pesar de que tiene numerosas acusaciones, desde lavado de dinero hasta vínculos con el crimen organizado, y aún así fue aceptado en la lista de aspirantes a la candidatura para presidente de México.
Una vez “bajado” de esa lista en favor de Xóchitl Gálvez, la ganadora para representar al Frente en las elecciones de 2024, Cabeza de Vaca fue nombrado en ese cargo a pesar de vivir en Estados Unidos donde está refugiado y no poder regresar a México a hacer su campaña por la orden de aprehensión que pesa sobre él, aunque esta había sido suspendida.
Pero ayer por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito revocó el fallo dictado en febrero de este año por Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, a quien se ordenó reponer el procedimiento.
La decisión del tribunal, encabezado por el magistrado Mauricio Fernández De la Mora, ordena reponer el juicio de amparo, por lo que mientras se reanuda el proceso seguirá vigente la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.
El amparo concedido por Gutiérrez Pérez tenía el efecto de que se anulara la orden de aprehensión librada el pasado 4 de octubre por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Para lograr la protección de la justicia federal, los abogados de García Cabeza de Vaca argumentaron la existencia de presuntas violaciones al debido proceso ya que se pretendía juzgar a su cliente dos veces por el mismo delito.
El origen del asunto es la investigación de la Fiscalía General de la República donde se señala que el ex mandatario de Tamaulipas habría recurrido a una empresa fantasma para comprar un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, con valor de 14,3 millones de pesos, que luego revendió en 42,1 millones, además de evidencias de lavado de dinero y conexión con el crimen organizado.
Ahora, el juez Faustino Gutiérrez deberá señalar una nueva fecha para celebrar una nueva audiencia constitucional para escuchar los alegatos del agente del Ministerio Público Federal y después emitir una nueva sentencia en el sentido de que el defensor del exgobernador incurrió en conducta delictiva prevista en la Ley de Amparo.
