San Salvador, 1 sep (Sputnik).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, acusó este viernes a la extrema derecha de su país de formar un bloque para defender la corrupción e impedir el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
«Ahora se asocian en un solo bloque partidario de extrema derecha para defender la corrupción e impedir que se nombre un nuevo fiscal (general) y un fiscal adjunto», señaló la mandataria al hablar en Tegucigalpa durante el acto oficial por el Día de la Bandera Hondureña.
Al final de la noche del jueves, fecha límite para la elección de los altos fiscales, el Congreso Nacional (parlamento unicameral) volvió a fallar en el último intento por lograr un consenso entre oficialismo y oposición en un tema que tiene en vilo al país centroamericano.
La elección del nuevo Ministerio Público requiere una mayoría calificada de las dos partes del pleno del Congreso, 86 votos favorables de una nómina de 128 diputados.
«No cesaré en mi permanente lucha por refundar Honduras ante una decadente clase política que representa los intereses bastardos de quienes no quieren pagar impuestos y eluden la discusión y aprobación de la Ley de Justicia Tributaria (engavetada en el parlamento también por falta de consenso)», enfatizó la jefa de Estado en el acto de izamiento de la enseña nacional en lo alto del Cerro Laínez.
Castro recalcó que el bloque de la derecha parlamentaria representa a los mismos acusados de narcotráfico, implicados en el Caso Pandora, en el crimen del desfalco del Seguro Social y en el millonario saqueo a través de las ONG en el fondo departamental.
Tales casos de corrupción ocurrieron en el periodo de los gobiernos del derechista Partido Nacional (2010-2022), en el cual se enmarca el inicio (2013) de la gestión del fiscal general, Óscar Chinchilla, y su adjunto, Daniel Sibrián cuyos cargos caducaron en la medianoche del jueves.
«¡Viene la CICIH, tiene que quedar claro viene la CICIH!», exclamó la presidenta hondureña en referencia a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad, una promesa electoral en su campaña de 2021 que el Gobierno negoció con Naciones Unidas el 15 de diciembre de 2022.
Ante la situación de un Ministerio Público acéfalo a partir de este viernes, el oficialismo defiende la idea de que la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) debe seguir en el ejercicio de la acción pública.
En contraposición, el bloque opositor aboga por la permanencia de Chinchilla y Sebrián al frente del Ministerio Público hasta que finalmente el Legislativo logre la elección de las nuevas autoridades. (Sputnik)
