Quito, 12 oct (Sputnik).- El empresario y exparlamentario Daniel Noboa se convirtió en la esperanza de la derecha ecuatoriana y podría transformarse en el presidente más joven de Ecuador de ganar, a sus 35 años, la segunda vuelta de las elecciones anticipadas que se celebran este domingo.
Noboa se medirá en las urnas frente a Luisa González, candidata por el movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) y quien resultara la postulante más votada en la primera vuelta, con el 33,61 por ciento de los votos válidos; Noboa obtuvo el 23,47 por ciento de los sufragios.
Oriundo de la ciudad de Guayaquil (suroeste), Noboa es hijo del empresario y millonario bananero Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia. Su madre es la doctora Anabella Azín, impulsora de proyectos sociales.
El joven candidato presidencial tiene estudios de Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Además, obtuvo el título de Administración Pública en Harvard Kennedy School y la maestría de Gobernanza y Comunicación Política en la Universidad George Washington.
A los 18 años fundó su primera empresa, «DNA Entertainment Group», dedicada a la organización de eventos.
Años más tarde, se insertó a trabajar en la Corporación Noboa, de su padre, donde ocupó el puesto de director naviero, para luego ser ascendido a director comercial, cargo en el que estuvo hasta junio de 2018.
En 2021 ingresó a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por la provincia de Santa Elena (sudoeste) y llegó a presidir la Comisión de Desarrollo Económico del organismo legislativo.
En reiteradas ocasiones dijo que seguirá el camino de su padre y lo puso en práctica durante la campaña electoral, cuando en las primarias realizó un «remake» musical con el spot original de su primera postulación, «Adelante, Ecuador, adelante», que publicó en la red social TikTok, donde actualmente tiene más de 827.000 seguidores.
Binomio cuestionado
La compañera de fórmula de Noboa es Verónica Abad, de 46 años, quien se define como una liberal de derecha.
Abad, nacida en la ciudad de Cuenca (sur), tiene estudios de «coaching empresarial» y recibió duras críticas por parte de sus adversarios, quienes destacan las diferencias que mantiene en varios temas con Noboa, según un perfil elaborado por el medio GK.
«Con Daniel Noboa optamos por el diálogo cuando no estamos de acuerdo en algún punto, debido a que tenemos pensamientos distintos», reconoció Abad en una entrevista para el medio digital Plan V, citada en el perfil.
Mientras ella aboga por la privatización de servicios de salud y educación, Noboa, quien ha declarado ser de centro izquierda, no se manifestó abiertamente a favor de su privatización, aunque dijo no estar «cerrado» a hacerlo.
Otro de los cuestionamientos que recibió Noboa en su campaña está relacionado con el manejo de la recaudación tributaria, debido a que el candidato es heredero del grupo empresarial exportador que lidera su padre y que es el mayor deudor del Estado, con 88 millones de dólares.
Atender lo Urgente
«En un gobierno de 17 meses debemos atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente?: reducir la violencia, la desocupación juvenil y la generación de empleo», dijo Noboa en el debate con González, realizado el 1 de octubre.
Su plan de Gobierno plantea cuatro ejes: social, productivo, desarrollo económico e institucional.
En seguridad, el ámbito que más preocupa a los ecuatorianos por la ola de violencia que afronta el país, el empresario propone el «Plan Fénix». La iniciativa apunta a dotar a los cuerpos armados con uniformes «de alta resistencia balística», chalecos con «panel de cerámica», cascos con protección «nivel 4», así como «pistolas de precisión», «rifles de última generación» y equipos «de visión termo y nocturna», drones para vigilancia aérea facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital.
«Con esta central de inteligencia y armamento táctico nos encargaremos de liberar a nuestros barrios y ciudades de la delincuencia», prometió.
Otra iniciativa es organizar una consulta popular para preguntarle a los electores qué hacer en esta materia y por esto recibió duras críticas en las redes sociales.
En particular, cuestionan que la nueva administración, que ejercerá desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2025, pierda tiempo en organizar una nueva consulta, con los gastos correspondientes, para que se trace a partir de ahí un derrotero en seguridad pública, cuando seguir lo establecido en su programa de Gobierno.
En esta materia, el candidato propone un programa de políticas para mejorar el sistema judicial, capacitar a los policías en resolución pacífica de conflictos y crear programas de vigilancia comunitaria y de denuncia ciudadana.
Además, acelerar los procedimientos judiciales, contratación de personal judicial, implementación de tecnología y revisión de las políticas de prisión preventiva.
Según datos de la Policía Nacional, durante el primer semestre del año Ecuador registró una tasa de 16,02 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un promedio diario de 19,6 asesinatos.
En los primeros seis meses de 2023 se reportaron 3.568 homicidios, mientras que en el mismo período de 2022 se contabilizaron 2.042, por lo que la cifra de asesinatos registrada este año representa un incremento del 74,73 por ciento de las muertes violentas.
El 2022 cerró con 4.603 homicidios, la mayor cifra registrada en el país y una tasa de 26,68 asesinatos cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, detrás de Venezuela, Honduras y Colombia, de acuerdo a datos de la fundación Insight Crime, especializada en el tema.
Según especialistas, de mantenerse la tendencia, en 2025 este país sudamericano podría superar los 45 homicidios por cada 100.000 habitantes y con ello convertirse en el más violento de América Latina.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el pasado 9 de agosto, a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones, fue la señal más elocuente de la grave situación de inseguridad que atraviesa el país.
En mayo de este año, el presidente Guillermo Lasso aplicó el mecanismo de «muerte cruzada» para evitar un juicio político en su contra y una casi segura destitución.
La figura de la «muerte cruzada», prevista en la Constitución de 2008 y usada por primera vez por el actual mandatario, establece la disolución simultánea de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la convocatoria anticipada de elecciones.
Quien resulte triunfador en la segunda vuelta de este domingo, gobernará desde el 25 de noviembre de 2023 hasta el 24 de mayo de 2025, fecha en la que debía culminar el mandato de Lasso. (Sputnik)
