Ciudad de Panamá, 1 nov (Sputnik).- El procurador de la Administración panameño, Rigoberto González, declaró este miércoles como inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406, del contrato de concesión otorgado por el Gobierno a la Minera Panamá, subsidiaria de una trasnacional canadiense.
«Solicitamos a los miembros de esa Alta Corporación de Justicia, en Pleno, se sirva declarar que es inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 de 20 de octubre del 2023, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial 29894 A», reza el escrito enviado por González a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El primer artículo del texto jurídico apunta que la concesión «se otorga con los fines de explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico cobre y sus minerales asociados, y para tales fines la Concesionaria (Minera Panamá) podrá, sujeto a las autorizaciones correspondientes, ejercer todos los derechos que el Estado le otorgue».
El criterio emitido por el procurador a solicitud de la CSJ, guarda relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano.
El informe enviado al máximo tribunal panameño cita siete infracciones de la Ley 406 a los artículos 258, 259 y 266 de la Constitución, entre ellos ausencias de licitación pública y de bienestar social e interés público, así como la falta de una consulta pública efectiva y previa.
También menciona como contravenciones a los citados artículos de la carta magna las cláusulas de la ley que restringen el acceso a la justicia, comprometen el espacio aéreo, tierras y bienes del Estado y permiten la apropiación de bienes por parte de países extranjeros.
El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, también había declarado el martes la inconstitucionalidad del contrato minero.
La Ley 406 aprobada por la Asamblea Nacional (Legislativo) el 20 de octubre fue sancionada esa misma fecha por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien disponía de un plazo de 30 días para rubricarla.
Desde entonces el país canalero vive una crisis social por las protestas de organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas que cumplen ya diez días cuando sus protagonistas afirman que se mantendrán en las calles hasta que la ley sea derogada.
La citada legislación otorga a la filial panameña de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals una concesión por 20 años prorrogables para explotar y comercializar la mayor mina de cobre (a cielo abierto) de Centroamérica. (Sputnik)
