Buenos Aires, 7 feb (Sputnik).- El presidente de Argentina, Javier Milei, apuntó el martes contra los gobernadores del país por impedir la aprobación artículo por artículo del proyecto de «ley ómnibus», tras sufrir el primer revés parlamentario que devuelve a foja cero la norma aprobada en general el viernes, la cual le delegaba facultades legislativas y le habilitaba a privatizar empresas públicas.
«Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos, artículo por artículo, horas después de acompañarla», acusó la Oficina del Presidente en un comunicado.
El presidente argentino, cuya primera derrota legislativa lo encuentra de visita en Israel, advirtió que los mandatarios provinciales, que son 24 en todo el territorio, habían decidido «darle la espalda a los argentinos para proteger sus interese e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales» del país.
Bajo esta mirada, Milei también les acusó de «traicionar a sus votantes» pese a que «llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio».
«No vamos a segur discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63 por ciento de los chicos argentinos no come», sentenció en el comunicado.
A través de la Oficina, el presidente también puntualizó que no iba a permitir «que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos».
«La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno», zanjó en su texto.
Mientras el jefe de Estado se encuentra de visita oficial en Israel por tres días, antes de continuar su gira por Italia y El Vaticano, el oficialismo aceptó devolver a foja cero la discusión del proyecto de «ley ómnibus», una de las principales puntas de lanza del Poder Ejecutivo.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha) dio por fracasado el proyecto en el plenario pese a que había conseguido aprobar la declaración de emergencia en seis áreas y la delegación en el presidente de ciertas facultades legislativas, si bien no todas a las que aspiraba.
Después de cinco horas de debate, el oficialismo llamó a un cuarto intermedio (receso) y a su término, decidió de volver la norma a las comisiones parlamentarias, que son las que elaboran los dictámenes que luego se ponen a consideración en el plenario.
De no haberse levantado la sesión, la cámara baja habría sometido a votación el capítulo referido a la privatización de empresas públicas.
De esta manera, ni los seis artículos aprobados durante la jornada ni el proyecto en general aprobado el viernes tendrá validez.
La norma volverá a discutirse desde un comienzo.
Apoyo y acusaciones
Antes de reconocer que la ley volvía a comisiones, la coalición gobernante advirtió en las redes sociales que «la traición» se pagaba «cara» y que no iba «a permitir que los gobernadores» extorsionaran «al pueblo para mantener sus privilegios».
La cámara baja había aprobado horas antes por 134 votos afirmativos y 121 negativos el primer artículo de la «ley ómnibus», que declara la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
El plenario también avaló, por 134 votos afirmativos y 119 negativos, el capítulo 3, que delega facultades legislativas en el presidente, Javier Milei, por el plazo de un año, prorrogable a otro más.
El primer contratiempo surgió al tumbar tres apartados del artículo 4 que declinaban la posibilidad de que el presidente legisle sobre fondos fiduciarios, sobre la regulación del sector energético y sobre el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
La coalición gobernante también fracasó al momento de encarar cada capítulo en particular del artículo 5, que ampliaba las facultades legislativas del jefe de Estado.
De los seis incisos con los que contaba esta norma, solo fue aprobado el B, que habilita al presidente a mejorar la profesionalización de las carreras administrativas en base al mérito y al logro de metas.
El oficialismo no pudo sacar adelante el resto de incisos, que hubieran permitido al jefe de Estado a regular el funcionamiento interno del sector público nacional, a fusionar o disolver áreas de la administración pública, a suprimir funciones superpuestas o intervenir en las empresas estatales o a eliminar fondos fiduciarios.
El Gobierno sí había logrado consenso suficiente para aprobar el artículo 6, que permite al Poder Ejecutivo concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones.
Pese a su aprobación en términos generales el viernes, el proyecto del oficialismo fue rechazado en varias movilizaciones desde el miércoles, cuando comenzó su tratamiento en Diputados.
Las protestas fueron reprimidas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, que se escudó en el protocolo antipiquetes que impide el corte del tránsito para avanzar contra los manifestantes.
Ésta es la primera derrota legislativa del oficialismo, que asumió el Gobierno el 10 de diciembre. (Sputnik)
