Bogotá, 14 sep (Prensa Latina) El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército de Colombia, anunció hoy que 10 militares involucrados en amenazas contra civiles en Tierralta, departamento de Córdoba, fueron retirados del servicio.
«He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y, adicionalmente, a los mandos, separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar», aseguró Ospina.
Explicó que la Justicia Penal Militar comunicó que se dio inicio a la investigación por el delito de abuso de autoridad especial.
Ospina añadió que, «en igual sentido, y al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo, este comando entiende que, según el artículo 250 de la Constitución Política, el ente que adelante el ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación».
Esta semana, un grupo de uniformados con el rostro cubierto y fuertemente armados apuntaron a mujeres y otros pobladores del caserío El Manso, en Tierralta, en el departamento de Córdoba localizado en la región norte del país.
De acuerdo con Ospina estos militares «se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional».
El presidente del país, Gustavo Petro, repudió esos hechos y aseguró que «volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública».
No es un caso aislado. ¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso. Era para la sociedad, para decirles: Este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos. Los que dieron la orden quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares», señaló esta tarde el mandatario.
«Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos», advirtió.
